Cuando mataron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, hace 26 años, el gobierno perdió a uno de sus principales interlocutores en el proceso de normalización de las relaciones con las iglesias.
Se debilitó a los sectores más pragmáticos y convencidos de la reforma y se abrió paso a grupos de ultraderecha que trataron de sacar provecho de la desgracia.
El ataque se debió a la confusión por el vehículo que estaba utilizando el cardenal de Guadalajara y que era similar a uno propiedad de Joaquín El Chapo Guzmán.
Esto lo sabemos por la propia confesión de uno de los asesinos materiales, El Negro Mariscal, quien se encuentra recluido y purgando sentencia.
El otro gatillero, El Güero Jaibo, quien también percutió su arma, murió meses después en un tiroteo con la policía de Sinaloa, en Mazatlán.
Ambos sujetos eran integrantes de células delictivas que trabajan para el cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix.
Es más, aquella tarde en el aeropuerto de la capital de Jalisco, los primeros disparos se accionaron contra El Chapo Guzmán, quien se disponía a viajar a Puerto Vallarta.
La presencia, en la terminal aérea, de Posadas Ocampo, para recoger al nuncio Girolamo Prigione, había sido decidida de improviso, lo que hacía imposible la planeación de un operativo de semejantes magnitudes. Jorge Carpizo, quien era el procurador General de la República, en ese momento, estaba convencido que el complot que hubo alrededor de la muerte del purpurado, fue para intentar “probar un complot que jamás existió”.
Los casos alto impacto muchas veces se decantan por situaciones periféricas o hasta aledañas. El expediente Posadas, sus 58 mil fojas, es un ejemplo de ello, porque se tuvo que declarar a los personajes más insospechados, en una cantidad solo superada por las indagatorias del homicidio de Luis Donaldo Colosio.
También implicó debates entre el propio clero y alrededor de Conferencia Episcopal Mexicana, ya que existían lecturas contrastantes de lo ocurrido.
Para evitar dudas, se estableció un convenio con la Procuraduría General de la República, en 1998, para que dos obispos juristas participaran en las indagatorias, el arzobispo de Chihuahua, José Fernández Arteaga y el obispo de Cuernavaca, monseñor Luis Reynoso Cervantes.
Hay que decir que hicieron un gran trabajo, resistiendo múltiples presiones y defendiendo siempre lo que estaba ( y está) respaldado por pruebas. Reynoso Cervantes inclusive escribió El caso Posadas, verdad, derecho y religión.
Los religiosos, como detectives, participaron en interrogatorios y diligencias con algunos de los participantes de los hechos, inclusive trasladándose a Estados Unidos para entrevistarse con testigos protegidos.
Es la memoria, después de todo, de uno casos más impactantes de la historia reciente y preludio del año terrible de 1994.
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