El estudio “Ciberseguridad, riesgos, avances y el camino a seguir en América Latina”, realizado por la OEA y el BID, señala que “México no cuenta con una ley dedicada de delito cibernético, pero el artículo N° 211 del Código Penal prevé el delito informático.250. Sus disposiciones son limitadas y dejan varias lagunas, lo que dificulta la lucha contra el cibercrimen”.
América Latina y el Caribe aún no están preparados para enfrentar los ataques que se producen en el ciberespacio. “Únicamente 7 países de los 32 analizados en este reporte cuentan con un plan de protección de su infraestructura crítica, y 20 han establecido algún tipo de grupo de respuesta a incidentes.
Ana María Rodríguez-Ortiz, vicepresidenta de sectores y conocimiento del BID, revela que en las estimaciones más recientes, el costo de los ciberataques alcanza 1% del PIB mundial anual y que solamente entre febrero y abril de este año, el sector financiero global tuvo un crecimiento de 200% en el número de ataques cibernéticos.
El documento cita el informe de cibercrimen ThreatMetrix que ubica a América Latina como un foco para el fraude en la creación de cuentas, con alrededor del 20% del volumen total frente a un promedio de la industria del 12.2%.
“El efecto catalizador de la pandemia Covid-19 en la economía ha ejercido una enorme presión sobre nuestro entorno digital para que permanezca seguro, resiliente y efectivo. La ciberseguridad es un componente integral y una herramienta clave para esta conectividad sin precedentes, y esta ‘nueva normalidad’ ha rearmado su valor como un bien público global”, puntualiza la OEA en el documento.