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RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Columnas viernes 06 de noviembre de 2020 - 01:16

Por Moisés Vergara

El régimen de responsabilidades en la Ciudad de México encuentra sustento en los artículos 64, 65, 66 y 67 de la Constitución capitalina y se divide en: responsabilidades administrativas, responsabilidad política, responsabilidad penal, y responsabilidad patrimonial de la ciudad.

En ese sentido, los servidores públicos son responsables por las faltas administrativas en que incurran, en los términos previstos en las leyes generales y locales de la materia y tienen la obligación de presentar y comprobar de manera oportuna y veraz, las declaraciones sobre su situación patrimonial, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y sus posibles conflictos de interés, que serán publicitadas en los términos que determinan las leyes generales y locales respectivas bajo los principios de transparencia, máxima publicidad y protección de datos personales.

Por otra parte, la norma fundamental de la entidad indica que quienes ocupen un cargo de elección popular, ostenten un cargo de magistratura dentro de la función judicial, sean titulares del Consejo de la Judicatura, de los organismos autónomos, de las secretarías del gabinete, de la Consejería Jurídica, del Sistema Anticorrupción, de los organismos descentralizados o fideicomisos, así como todo servidor público que haya sido nombrado o ratificado por el Congreso, son sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución local y las leyes que de ella emanan, así como por el manejo indebido de fondos y recursos públicos de la ciudad.

En cuanto a la responsabilidad penal, la carta magna local prevé que los servidores públicos son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo, pues en la Ciudad de México nadie goza de fuero; pero por lo que respecta a los diputados, son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su encargo y no pueden ser reconvenidos ni procesados por éstas.

Por lo que respecta a la responsabilidad patrimonial de la ciudad y sus entes públicos por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, causen en los bienes o derechos de los particulares es objetiva y directa, y en la determinación de estas responsabilidades se privilegia la reparación o remediación del daño causado y, en su caso, la adopción de garantías de no repetición.

Finalmente, debe decirse que el régimen de responsabilidades en la ciudad se encuentra alineado al Sistema Anticorrupción local y tiene por objeto establecer el marco constitucional para que el actuar de la burocracia y los particulares, se apegue a la norma y no se cometan violaciones a la misma, el cual cuenta también con un marco reglamentario que comentaremos en otra ocasión, pues por cuestión de espacio, tampoco incluimos la responsabilidad por faltas administrativas de particulares y de las personas jurídicas, que también son temas muy interesantes.

Plancha de quite: “Quien ocupa un cargo público y no puede cumplir con sus obligaciones debe dimitir”. Libro de Mencio.

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/CR

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