La crisis sanitaria que afecta al mundo entero ha generado una crisis económica y financiera que, de ser manejada de manera incorrecta, podría llevar a nuestro país a un escenario mucho más grave del que estamos viviendo, ya que importantes sectores de la población han manifestado su propósito de dejar de pagar impuestos al menos durante el tiempo que dure la pandemia del Covid19. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador le apuesta a la recaudación que ante los acontecimientos ya no es tan segura ni confiable.
La gravedad de la situación no es menor, ya que de darse una suspensión en el cumplimiento de obligaciones fiscales los ya mermados recursos de que dispone el Estado podrían verse reducidos aún más, sin posibilidad de ser cubiertos por ingresos petroleros, pues para nadie es un secreto la situación del mercado de los hidrocarburos.
Los grandes y pequeños empresarios han solicitado al gobierno una suspensión temporal en el pago de impuestos, demanda que debiera ser reflexionada, pues ante la imposibilidad temporal para cumplir con el fisco podría sobrevenir una suspensión mayor y, sobre todo, más prolongada.
Desde hace muchos años, los que dicen saber de cuestiones financieras han sugerido una reforma fiscal de fondo capaz de aumentar el número de contribuyentes para no tener que dejar el peso de la carga en el reducido número de contribuyentes cautivos que han nutrido las arcas nacionales durante décadas.
Hasta ahora, las reformas fiscales se han limitado a precisar (y en ocasiones a complicar) la Miscelánea Fiscal sin ir al verdadero fondo del problema que se concentra en el anémico universo de contribuyentes cautivos y en aspectos como las condonaciones fiscales que no acaban de suprimirse.
Cuando los gastos del gobierno se incrementan (y el simple crecimiento demográfico se configura como una presión económica) es urgente diseñar mecanismos de recaudación que garanticen la disponibilidad de recursos, así como replantear el gasto público para contener posibles fugas y aprovechar al máximo el dinero disponible.
A mediados del siglo XIX México vivió una crisis financiera tan severa que sirvió al entonces presidente Antonio López de Santa Ana para justificar la venta de más de la mitad del territorio nacional y tratar de cubrir sus compromisos financieros que, por su cuantía, sólo servían para fortalecer las ganancias de los agiotistas.
En ese momento era urgente reorganizar y cohesionar al país, para lo que era necesario reordenar la hacienda pública, pues el gobierno únicamente contaba con los tres primeros millones de la indemnización por los territorios perdidos y debía ayudar a los mexicanos que no querían vivir en lo que era ya otra nación. ¿es tan difícil cohesionar ahora?
¿Qué sucedió?: sucedieron muchas cosas, pero pocas fueron positivas. Tuvieron que transcurrir décadas antes de disponer de una política fiscal coherente y medianamente efectiva.