Los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio y televisión) han sido actores fundamentales en la construcción y desarrollo de los procesos electorales, siendo un pilar en la difusión de información político-electoral a la ciudadanía.
Estos medios han sido sujetos de regulación en aras de buscar el equilibrio en la contienda, la imparcialidad y la justicia.
Sin embargo, la aparición del internet y las redes sociales han cambiado el paradigma de la comunicación política en los procesos electorales, debido a que la información generada en éstas surge de la ciudadanía y no de empresas o profesionales de la información.
Ante este nuevo paradigma, diversas voces se han escuchado sobre la conveniencia, o no, de regular las redes sociales con el fin de evitar la proliferación de información errónea o que vulnere los derechos humanos tanto de la ciudadanía como de candidaturas y partidos políticos.
En 2019, la UNESCO lanzó una serie de cuadernos de discusión para abordar temas relacionados con la comunicación y la democracia. Uno de ellos, el número catorce , retoma la visión de Andrew Puddephatt, experto en políticas públicas especializado en la intersección entre las políticas de internet y los derechos humanos, respecto de las redes sociales y las elecciones.
En este documento, Puddephatt considera que, desde la perspectiva de los derechos humanos, cualquier regulación a las redes sociales podría tener un riesgo en contra de la libertad de expresión en los procesos electorales.
Puddephatt resalta que las autoridades electorales deben preocuparse por organizar procesos electorales imparciales y justos, pero que no deben involucrarse en lo que se puede o no se puede decir en los medios de comunicación y las redes sociales.
El relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho de la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, afirma que “la vulneración del derecho a la libertad de expresión durante los procesos electorales suele consistir en la injerencia del Estado en el contenido de los medios de difusión. La aprobación de leyes para controlar o regular los discursos políticos antes y durante las elecciones constituye una preocupación importante a este respecto”.
A diferencia de los medios tradicionales, las empresas de redes sociales no están obligadas a verificar la información que suben sus usuarios, por lo que una regulación sobre los contenidos aunque pudiera considerarse como positiva, sería imposible de implementar.
Finalmente, les comparto la reflexión con la que concluye Puddephatt respecto de este tema, y en la cual coincido, el mejor camino para que las redes sociales sean un factor positivo dentro de los procesos electorales es a través del trabajo conjunto y la creación de directrices en las que se involucren las autoridades, las empresas y la ciudadanía, con el objetivo de generar información veraz y que respete los derechos humanos de todas las personas.
1) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370634_spa