La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, con el apoyo de la mayoría de las bancadas, a excepción de Movimiento Ciudadano (MC), una reforma constitucional que prohíbe la producción, distribución y venta de cigarros electrónicos y vapeadores, así como el tráfico ilegal de fentanilo. Esta iniciativa forma parte del denominado plan C.
Durante el debate, se destacó la creciente popularidad de los dispositivos electrónicos para el consumo de nicotina, especialmente entre adolescentes, lo que ha resultado en un aumento de los daños a la salud e incluso fallecimientos. La diputada Adriana Bustamante, de Morena, enfatizó: “No podemos tener ningún tipo de consideración con estos dispositivos, que además generan importantes cantidades de basura electrónica”.
Aunque el PAN y el PRI votaron a favor de la medida, varios de sus diputados argumentaron que la prohibición de vapeadores y el combate al tráfico ilegal de fentanilo deberían abordarse mediante regulación legal y no a través de una enmienda constitucional. El diputado Miguel Rodarte, del PAN, criticó la modificación del artículo 5º constitucional, señalando que su propósito es permitir a las personas dedicarse a cualquier profesión lícita. Ironizó que, con este enfoque, "en algún momento también se propondrá incluir a asaltabancos, a quien robe autos y al que se dedique a actividades ilícitas".
Por su parte, la diputada Cynthia López Castro, del PRI, expresó que, aunque se prohíben los dispositivos electrónicos para el consumo de nicotina, esto podría abrir la puerta al mercado negro. "Me parece desatinado ponerlo en la Constitución. La Constitución no es para eso", dijo, sugiriendo que, de ser así, también deberían prohibirse otras sustancias dañinas como el tabaco, el alcohol o las drogas.
El dictamen aprobado señala que, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022, el 2.6% de los adolescentes y el 1.5% de los adultos usan estos dispositivos, lo que equivale a aproximadamente 500 mil menores de edad y 300 mil adultos, respectivamente. La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que en 2022, alrededor de cinco millones de personas entre 12 y 65 años habían usado alguna vez un vapeador, y que su uso regular se presentaba en 975 mil personas.
El dictamen también subraya que los cigarrillos electrónicos pueden ser una puerta de entrada tanto al tabaquismo convencional como al consumo exclusivo de estos dispositivos, especialmente entre la población juvenil. Además, destaca los riesgos para la salud asociados con el uso de estos productos, incluyendo enfermedades respiratorias y pulmonares.
En cuanto a las drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina, la comisión resaltó el incremento en las actividades de producción y consumo en el país, derivadas de precursores químicos como el ácido fenilacético y la efedrina.
Foto por Cuarto Oscuro