Reforma penal de la 4T, retroceso de 100 años

Gracias a que se filtraron las propuestas, numerosos académicos se manifestaron en contra, y fue así como el Gobierno y la FGR aplazaron la presentación de su propuesta.

La reforma penal que se plantea representa un retroceso al Sistema Penal Acusatorio, ya que amplía el arraigo a todos los delitos, sin tomar en cuenta su gravedad.

La primera pregunta que nos surge es ¿qué es el arraigo?

En el derecho penal de México, el arraigo se puede definir como “una medida cautelar solicitada por un Ministerio Público, y otorgada por un juez competente, que permite tener a su disposición a un presunto delincuente mientras se integran, localizan y perfeccionan medios de prueba que sean bastantes para acreditar la probable responsabilidad del arraigado en la comisión del delito que se le imputa, y pueda ser consignado ante un juez”. Es decir, PRIMERO TE ENCARCELO Y LUEGO AVERIGUO SI ERES DELINCUENTE, lo que viola nuestra Carta Magna y los convenios internacionales.

Con la reforma que se plantea, se va a utilizar esta medida para todos los delitos no solo para delincuencia organizada; entonces, todos los delitos pasarían a ser delitos graves, a los que se les aplica pena privativa de libertad.

¿Y dónde quedó uno de los principios más básicos del derecho “LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA? Ahora seremos tratados como DELINCUENTES, aun cuando no se haya probado que cometimos un delito.

Con lo dispuesto en este proyecto de ley, el indiciado por cualquier delito puede ser arraigado en el Centro Nacional de Arraigos de la Fiscalía General de la República.

El arraigo representa una amenaza para los ciudadanos, ya que es una medida en la que no es necesario tener acreditado de manera fehaciente los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad; es una medida en el proceso penal que ha demostrado ser nociva y aplicada sin el adecuado control se propicia el abuso de las autoridades.

Otro de los puntos que contempla este nuevo código y que es realmente preocupante, es la creación de una jurisdicción especializada para conocer delitos cometidos por jueces federales, lo que sería un grave error, ya que vulnera de manera clara y precisa, la independencia y el equilibrio de los poderes, y pone de rodillas al Poder Judicial, frente del Ejecutivo.

Por todo lo anterior es urgente abrir un debate sobre el sistema de justicia, y en particular sobre el arraigo, esta nueva legislación no debe incluir puntos “regresivos” y perdida de derechos humanos.