Reformitis electoral aguda

México padece de una reformitis electoral aguda desde hace casi 40 años. De forma sistemática, los primeros años de cada sexenio desde 1988 a la fecha, han sido el espacio de reinvención del modelo electoral y de partidos -1990, sexenio de Salinas; 1996, sexenio de Zedillo; 2002, sexenio de Fox; 2007, sexenio de Calderón; 2014, sexenio de Peña y 2023, sexenio de López Obrador- en México.

Más allá de los temas específicos regulados en cada modificación, estos ciclos electorales han agrupado estas grandes líneas: i. Quitarle al régimen político el control sobre los comicios; ii. Abrir el sistema de partidos y establecer una cancha pareja -en alguna medida razonable - para garantizar una auténtica alternancia política; iii. Adoptar mecanismos para garantizar la autenticidad del voto y la integridad electoral mediante elecciones limpias y transparentes que incentiven la participación ciudadana y legitimen la representación política; iv. Abrir espacio para permitir el acceso de la oposición a cargos públicos -principalmente, a través del principio de asignación por representación proporcional-; v.Implementar mecanismos de acceso del partido mayoritario a curules de representación proporcional -que distorsionan la representatividad real-; vi. Preponderancia del financiamiento público; vii. Implementación de un “robusto” sistema de fiscalización de los partidos y candidaturas; y, viii. Sobrerregulación del acceso a medios de comunicación y equidad en la contienda.

Aunque estas reformas han creado un Frankenstein electoral complejo, hiperregulado, desarticulado y centralista, es innegable que en los recientes 40 años los resultados electorales han sido respetados y las elecciones acabaron resolviéndose en la vía institucional, y no violentamente. Este sistema, con todo y sus defectos, ha dado paso a la celebración de elecciones libres, auténticas y democráticas, en las que a pesar de la sistemática manipulación del voto en todas sus versiones, ha permitido la prevalencia de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Sin lugar a dudas, en todos sus rubros las reglas electorales pueden ser perfectibles; sin embargo, me parece que si hay un tema central que mostraía en serio un auténtico talante democrático de la presidenta Sheinbaum, este es el establecimiento de mecanismos de combate real a la manipulación del voto que está tan viva como en los mejores tiempos del régimen del PRI, tal y como quedó de manifiesto en la reciente elección judicial, en la que las preferencias electorales, enprácticamente todo el país, tuvieron coincidencia providencial con las candidaturas cercanas al oficialismo identificadas en los acordeones repartidos masivamente a la ciudadanía a manera depropaganda electoral enderezada a influir o coaccionar el voto ciudadano -con independencia de la dudosa argumentación adoptada por el TEPJF-, práctica que se añade al largo elenco de acciones fraudulentas de décadas pasadas -ratón loco, gran elector, urnas embarazadas, voto de los muertos, etc-.

Obiter dicta.

Reducir al mínimo la manipulación del voto sería el verdadero legado democrático de la presidenta, pues ese cambio político y cultural desterraría, por un lado, la desconfianza que las élites le tienen a los votantes; y, por otro, la cosificación de la ciudadanía a la cual, junto con su derecho al sufragio, se les considera mercancía utilitaria barata para alcanzar los encargos públicos de elección popular, aspectos inaceptables para una real democracia.