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Renuncian a gobernar

Renuncian a gobernar

Columnas viernes 24 de diciembre de 2021 -

Los gobiernos estatales claudican y entregan la plaza. Con sus actitudes dan la razón a quienes aseguran que el crimen organizado se infiltró en la administración pública y controla a mandatarios, políticos y policías. No en vano el Pentágono denunció que la delincuencia controla la tercera parte del país, y hay evidencia de que la narco política se hizo presente en las pasadas elecciones mediante la imposición de candidatos, amenazas a aspirantes para hacerlos desistir y la ejecución de competidores.

Una vez en el cargo, las autoridades cumplen con lo pactado y asumen la estrategia de dejar hacer, dejar pasar. Renuncian a la obligación primigenia de todo gobierno, dar seguridad y protección a la vida y patrimonio de los gobernados, hacer uso legítimo de la fuerza para que nadie haga justicia por propia mano.

La debilidad de los gobiernos hizo surgir las autodefensas o policías comunitarias. Las autoridades constitucionales entregaron la seguridad de algunos municipios a grupos civiles armados supuestamente para combatir a un desbordado crimen organizado. Pero salió peor el remedio que la enfermedad.

Como sucedió en Colombia en la época de mayor auge de los cárteles sudamericanos -los ochentas y noventas-, el combate a los exportadores de cocaína empoderó a las guardias comunitarias que, conforme arrebataban territorios a los narcotraficantes, sustituían a las mafias en las actividades ilícitas que más dañaban a los nacionales: el cobro de piso, el control de las siembras, el secuestro, la extorsión, los “levantones”, las desapariciones forzadas, las ejecuciones, la venta de droga, el tráfico de armas y la trata de personas.

Costó mucho trabajo a los colombianos combatir a estos grupos paramilitares. El propio crimen organizado cambió sus prácticas y evolucionó a los barones de la droga -egresados de universidades en el extranjero-, de cuarta generación, aquellos que ya no ven el negocio solo en la exportación de droga, sino en el lavado de dinero a través de corporaciones trasnacionales y que negocian entre ellos, lo que hace innecesarias las guardias comunitarias. Además, los cárteles mexicanos, todavía de primera generación, ya dominan esas latitudes.

Pero en el país vamos atrasados algunas décadas y alentamos las autodefensas, aunque el discurso oficial las condene y prohíba. Incluso se les llegó a premiar con cargos públicos, sin tener la experiencia ni formación necesarias.

Por eso es preocupante que el gobierno de Michoacán haya suscrito un convenio de seguridad con diez comunidades indígenas a las que reconoció como autogobiernos y les entregó el manejo de la seguridad pública. Las autoridades estatales se comprometieron a otorgarles presupuestos a esos “gobiernos” no solo para que ejerzan las funciones -exclusivas del Estado- de seguridad, sino para manejar otros servicios municipales como el agua potable, el alcantarillado y el alumbrado público, entre otras áreas propias de los ayuntamientos.

En cuanto a la seguridad pública no solo se le asignará un presupuesto, sino que se les dotará de armamento y los integrantes de la guardia comunitaria contarán con licencia colectiva para portación de arma de fuego. Recibirán capacitación de entre seis meses y un año, pero mientras termina su adiestramiento, la policía legalmente constituida se hará cargo de la vigilancia y protección de los ciudadanos bajo las órdenes de los autogobiernos.

Con estas decisiones legitiman la extraterritorialidad de esas comunidades, forman un Estado dentro de un Estado, hacen libres y sobernas a esas comunidades, cuya autonomía rompe con el pacto federal. El gobierno de Michoacán abdicó en favor de particulares una función que en un Estado de Derecho no se puede delegar. Esperemos que estas guardias comunitarias no presagien otra forma de crimen organizado.

Amigos lectores, les deseo una feliz Navidad y que esta Nochebuena sea una oportunidad para fortalecer la unión familiar y lograr el reencuentro de interrumpidos anhelos.


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/CR

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