Columnas
@onelortiz
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El fin de semana, filtraron los números de los teléfonos personales de José Ramón López Beltrán, de Claudia Sheinbaum, de Gerardo Fernández Noroña, entre otras figuras de la 4T, que pronto fueron saturados con mensajes de odio, como lo reveló la propia candidata presidencial de Morena en sus redes sociales. El presidente Andrés Manuel López Obrador definió estas filtraciones como una desvergüenza de los conservadores.
El antecedente inmediato a estos hechos fue que, durante la semana, en una de sus conferencias mañaneras y al leer textualmente la carta del NYT, en la cual le planteaba una lista de preguntas, el presidente reveló el número de teléfono personal de la reportera, lo cual provocó una enérgica reacción de los medios de comunicación, periodistas y asociaciones defensoras de la libertad de expresión.
Debe recordarse que hace unas semanas los datos personales de la fuente que asiste a la conferencia mañanera fue filtrada, presuntamente desde España, por una persona que trabajó en presidencia y que la investigación del caso aún no concluye.
Bien hizo el presidente al leer en público y contestar, desde su punto de vista, las preguntas del NYT. Mal, revelar el teléfono personal de la reportera. Lo primero, fue un ejercicio de la libertad de expresión; lo segundo, una vulneración a los datos personales. Para rematar, el presidente afirmó, que, si le preocupaba mucho a la reportera, pues que cambiara de número. Quienes en 48 horas tuvieron que cambiar de número fueron su hijo y su heredera política.
Esta revelación y filtración de números telefónicos de una periodista y de personajes públicos deja una pregunta: ¿Hasta dónde la política permite vulnerar datos personales? La propia ley establece que, tratándose de personajes públicos, por la naturaleza misma de su función, deben tener una piel más dura que el resto de los ciudadanos, pero ¿hasta dónde es el límite?
¿Sería válido en la contienda que las autoridades, en aras de la transparencia, rebelaran los domicilios de los integrantes de la Suprema Corte o de los presidentes de los partidos de oposición? Claro que no. Lo mismo sería condenable y sujeto a investigación que se filtraran las direcciones y otros datos personales de Claudia Sheinbaum y sus familiares, de los dirigentes de Morena y de otros, personajes de la 4T.
¿Quién es la autoridad que tutela los datos personales? El INAI, el mismo que López Obrador propone desaparecer.
A quien corresponde meter orden es al INAI, al INE, pero sobre todo a la Secretaría de Gobernación. Se necesita trabajo político fino, de diálogo entre el gobierno y los partidos para facilitar el trabajo de las autoridades electorales y que las situaciones no se desborden. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.
Todos los lunes, antes de las 8:00 a.m., participo con Jesús Aguilar en Factor 96.1 con temas de tu interés y del trabajo legislativo. San Luis Potosí el mejor Estado de México.
— Héctor Serrano (@HectorSerranoC) February 10, 2025