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Revocación de mandato, algunos apuntes

Revocación de mandato, algunos apuntes

Columnas martes 02 de noviembre de 2021 -

En México la democracia es un régimen incipiente y la adopción de sus mecanismos de participación directa pueden ocasionar extrañeza; sin embargo, uno de los aspectos más asombrosos de la vida política es el temor que muchos políticos tienen a la democracia, que en teoría es el principio por el cual viven y al cual juran lealtad. Pero en la práctica lo temen.

En México, cuando surge la pregunta de si se debe fortalecer la democracia participativa y consultar a la gente acerca de las decisiones que le afectan en el día a día, la derecha mexicana se ha negado sistemáticamente a tomar medidas reales.

El PAN y el PRI muestran claramente que hay políticos que temen a la democracia e incluso dentro de sus propios partidos.

¿Por qué tienen tanto miedo de poner a prueba a la opinión pública? La razón más obvia es que teme que se repita el patrón de votación de 2018 y la 4T arrase, una vez más, con el poco capital político que les queda.

Los políticos del PRIAN pueden tener serios problemas en su legitimidad e imagen ante los mexicanos, pero al menos parecen creer y respetar los principios básicos del gobierno y la participación pública. En momentos de dificultad, tal vez, se les puede perdonar por no apoyar la democracia. Sin embargo, nada puede ser perdonado a los políticos elegidos democráticamente que no hacen ningún esfuerzo por ocultar su desprecio por la democracia.
Como sea, la revocación de mandato es hoy una realidad en México y no es una concesión generosa realizada por los representantes, sino un acto obligatorio y propicio en democracia.

La revocación permitirá entonces atenuar un problema ya señalado por Rousseau en las democracias representativas: que los representantes, una vez elegidos, no pueden seguir siendo controlados por los votantes. La revocatoria intenta subsanar esta dificultad al permitir a un cierto número de electores descontentos con su representante reclamar elecciones especiales (esto es, un referéndum revocatorio) en las que puedan destituirlo.

Su principal función es habilitar una participación ciudadana "negativa" o de control, más que de expresión o gestión "positiva" de proyectos e iniciativas ciudadanas, ya que supone eliminar el contrato de representación erigido por el voto antes de que expire el período preestablecido. Es por tanto un instrumento para asegurar que los funcionarios públicos rindan cuentas por sus conductas; la facultad de obligarlos a justificar y a informar sobre sus decisiones y la disponibilidad para que eventualmente puedan ser castigados por ellas.

La revocación del mandato o recall, en expresión anglosajona, es un mecanismo de rendición de cuentas y control político que permite a los ciudadanos reaccionar frente a los representantes que han defraudado su confianza o incumplen su plan de gobierno impulsando la convocatoria de una consulta entre los electores que pueda conducir a la finalización anticipada del mandato y la sustitución de los mandatarios. La revocación del mandato se configura como un derecho complementario del derecho de los ciudadanos a elegir a sus autoridades, que se materializa mediante una nueva votación en la que estas pueden ser removidas de sus cargos antes del término de sus mandatos. Al igual que las elecciones, la revocatoria, como se denomina en Latinoamérica, halla su fundamento en el principio de soberanía popular y se materializa mediante el voto, fuente de legitimidad de todo electo.

La revocación es la representación cuestionada que pretende interrumpir ese mandato, dejándolo sin efecto. Sin embargo, la revocación de mandato o los medios para remover funcionarios electos no es algo nuevo en algunas partes del mundo.
Quizá un poco de perspectiva internacional ayude a hacer fluir la discusión local.

La figura es viejísima en Estados Unidos. El recall apareció en la Corte General de la Massachusetts Bay Colony en 1631. Se dice que Estados Unidos recibió la influencia democrática de Suiza. Lenin y Gramsci plantearon la importancia de contar con el derecho de quitar funcionarios, así como se tiene el derecho de ponerlos.

Desde la década de los 80 su aparición ha acompañado el surgimiento de nuevos regímenes democráticos. Actualmente existe en 18 estados de los Estados Unidos, en Suiza y, con ciertas variantes y son solo cinco los países en los que todas las autoridades electas pueden ser revocados de manera directa (Bolivia, Cuba, Ecuador, Venezuela y Taiwán).

En nuestro país la discusión viene de arriba hacia abajo, pero bien podría explorarse la posibilidad de hacerla de abajo hacia arriba. Muchas de las calamidades que enfrenta la gente son de carácter municipal o estatal. La inseguridad, las malas vialidades, la falta de agua o un transporte público de mala calidad son responsabilidad de alcaldes o gobernadores. ¿Por qué la gente tiene que aguantar un mal gobernante o un mal legislador? Así como se legisló para contar con la posibilidad de reelegirse, es importante crear también mecanismos formales para remover autoridades que ya no cuentan con el respaldo de la ciudadanía.

La revocación de mandato está lejos de ser una ocurrencia de nuestros políticos, es una herramienta que nutre y sana las democracias, pero para que tenga raíces sólidas, debe darse también abajo, ahí donde se viven las dinámicas más tangibles de las democracias. Es un mecanismo institucional que permite a los ciudadanos mantener el control sobre los gobernantes elegidos durante el tiempo que dure su cargo.

Tal figura fue incorporada a la Constitución en el art. 35, fracción IX, según se publicó en el Diario Oficial de la Federación, apenas el 20 de diciembre de 2019.La propia Carta Magna la define como “el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo (del presidente de la República) a partir de la pérdida de la confianza”. La reforma del 20 de diciembre de 2019 obliga a los congresos de las entidades federativas a reformar las constituciones locales para prever procedimientos de revocación de mandato para las personas titulares de los poderes ejecutivos locales.

Dispone la misma ley suprema que la votación para revocar el mandato al presidente “se podrá solicitar en una sola ocasión durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional”.

El proceso revocatorio “se realizará mediante votación libre, directa y secreta”, proceso “convocado por el INE a petición de un número de ciudadanos equivalente al menos al 3% de los inscritos en el listado nominal de electores (alrededor de 2 millones 700 mil personas), en un mínimo de diecisiete entidades federativas, también con 3 % de los electores de éstas”, cuando menos.

Sigue diciendo la Constitución que el INE “dentro de los siguientes treinta días a la fecha en que reciba la solicitud (ciudadana) verificará” el cumplimiento de los requisitos “y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato”.

De igual manera, el tiempo a transcurrir entre la emisión de la convocatoria por el INE y la fecha de la votación ordinariamente será de 60 días, el domingo “en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales”.

El artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional de diciembre de 2019 establece que “en el caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021.

La petición correspondiente deberá presentarse dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de 2021. En el supuesto de que la solicitud sea procedente —sigue diciendo el precepto constitucional transitorio—, el INE emitirá la convocatoria dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud. La jornada de votación será a los sesenta días de expedición de la convocatoria”.

Realizado el cómputo de los plazos con apego estricto a lo dispuesto por la Constitución en su artículo cuarto transitorio, de haber proceso de revocación de mandato la fecha de la votación debería ser el domingo 6 de marzo. Incluso así lo señaló en más de una ocasión el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Sin embargo, el INE finalmente acordó que sea el domingo 27 de marzo.

“¿Estás de acuerdo en que a (nombre), presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo?”

Esta es la pregunta a la que nos enfrentaremos, con la que, el voto del ciudadano deja de ser, en parte, un cheque en blanco, pues quien es elegido está sometido al escrutinio público y debe rendir cuentas a sus electores a riesgo de ser revocado.

El cargo ya no pertenece, entonces, tan enteramente al elegido, sino que estaría supervisado en su ejercicio por el pueblo, debiendo ser desempeñado en correspondencia con sus valores, necesidades y prioridades.

No tengamos miedo a la democracia y sus resultados, pues la consulta para la revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador es también una oportunidad para que la oposición se reagrupe y hagan que deje el cargo mediante el voto popular, pero como dice el propio presidente, “… el pueblo va a decidir si me quedo o me voy. A ver qué dice el pueblo de México. Son ejercicios de gran trascendencia. Aun con todos los obstáculos se dio un paso adelante, una consulta constitucional, ya hay precedente y lo repito: viene la revocación de mandato en marzo, va a ser interesantísimo, no nos vamos a aburrir”.


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/CR

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