Se trata de dinero

El gobierno federal está apostando (con buenas razones) al combate de dinero sucio que se inserta en la economía lícita, como carambola de tres bandas:

En primer lugar, reconoce que el mejor camino no es un tema policial incremental (más policías, armas de mayor calibre, etc.), sino de anulación de activos económicos para financiar sus costos, entre ellos la violencia.

En segundo término, que la metástasis de corrupción que logró el negocio de la droga y la trata de personas a nivel global se debe a la proclividad de muchas unidades de ramas económicas legítimas a limpiar u ocultar, de una u otra forma, recursos provenientes de delitos.

Aquí hay una dimensión que trasciende lo penal: el aspecto fiscal, aunado a los estimados infundados pero incontestables de las agencias de combate al crimen. Me explico, cuando la DEA o el Reporte Mundial sobre Drogas aventuran que se mueve “un trillón de dólares” de dinero sucio anualmente, los gobiernos imaginan que esos recursos podrían estar en sus arcas públicas. Esos estimados son siempre arbitrarios, pero muy atractivos cuando se pretende crear un Estado de bienestar sin incurrir en un déficit inmanejable.

Por último, la reforma que se pretende realizar al orden jurídico mexicano en materia de antilavado modifica el arreglo institucional y la interacción de poderes. Implica modificaciones que van más allá de la ley especial, desde al Código Penal y la miscelánea fiscal, hasta la ley del Banco de México y (algunos han denunciado) la equiparación a crimen organizado de ciertas actividades empresariales relativas a la subcontratación y subregistro de obligaciones patronales.

Este puede ser el talón de Aquiles de la reforma. Se cree que puede reformar agresivamente y aprovechar un fin específico para conseguir otros. En este caso, al ir contra el dinero de los cárteles, piensan que pueden matar de un tirón y por añadidura, las prácticas de empresas factureras, empresas pagadoras y, como cereza del pastel, aumentar el flujo de divisas a través de remesas y operaciones en efectivo que el Banco Central deberá recibir.

Los efectos reales de la nueva legislación, cuando se apruebe toda (que ahora está pendiente) serán variables en cada apartado, porque los incentivos de cada actor y su posición en el sistema económico es distinta. No reacciona igual, obviamente, un cártel al que se le ha congelado una cuenta, que un empresario o un sindicato.

Si el gobierno insiste en darle consecuencias penales a todos, es previsible que enfrente resistencias virulentas que lo hagan replegarse, pues las cartas de los grupos de presión al gobierno federal son múltiples y pueden no tener que ver con la materia en comento. Pero es innegable que los cambios pretendidos cambiarían el rumbo del país, para bien.