En México seguimos hablando de seguridad nacional como si el problema fuera el de hace veinte años. No lo es. Hoy el riesgo no entra por la frontera: entra por un servidor.
Los incidentes de ciberseguridad ya no son excepcionales. Son recurrentes. Dependencias públicas vulneradas, bases de datos filtradas, sistemas críticos comprometidos. Y, sin embargo, la reacción institucional sigue siendo la misma: silencio, improvisación y, en el mejor de los casos, contención tardía.
Esto no es un tema técnico. Es un tema de Estado.
Porque cuando se filtran datos no solo se expone información personal. Se exhibe la fragilidad del aparato público. Se revela la incapacidad de proteger información estratégica. Y, sobre todo, se manda un mensaje: en México, lo digital sigue siendo tierra de nadie.
En ese contexto, lo verdaderamente preocupante no es solo el número de ataques, sino la debilidad de los controles. Durante meses, el Congreso simplemente no ejerció uno de los pocos mecanismos reales de supervisión en materia de seguridad: la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.
Sí, hoy ya está integrada. Pero el punto no es ese. El punto es que no lo estuvo. Y no lo estuvo justo cuando más se necesitaba.
Ese vacío no es menor. No es que la Comisión Bicameral prevenga ciberataques; es que su inactividad elimina uno de los pocos controles capaces de obligar al Estado a tomarse en serio la ciberseguridad.
Y aquí hay que decirlo claro: instalar órganos no equivale a que funcionen.
La ciberseguridad exige algo que hoy no tenemos: coordinación real, inversión sostenida, capacidades técnicas y supervisión efectiva. Sin eso, cualquier estrategia es discurso.
México habla de transformación digital, pero no ha construido gobernanza digital. Y la diferencia entre una y otra es la diferencia entre modernizarse… o exponerse.
La Comisión Bicameral llega tarde. Ojalá no llegue también incompleta.
Porque los riesgos ya están aquí. Y esos no esperan a que el Estado se ponga al día.