Seguridad pública: ¿el peor problema de México?

Decir que “México es más grande que sus problemas” puede sonar a cliché; a un aforismo que el amor patrio genera. Aún así, lo creo con profunda convicción. Nuestra nación ha demostrado ser capaz de crecer en tiempos adversos y, si bien estamos lejos de la madurez democrática y de justicia social anhelados, hemos avanzado más que otros países con antecedentes históricos similares.

Creer que México estaba al borde del abismo y fue rescatado los últimos años es un argumento que no se sustenta con el peso de la historia ni con la estadística.

Los problemas de México son muchos y variados, cierto. Pero lo mismo pudieran decir los 193 países de la ONU. ¿El de la seguridad pública es uno de ellos? Lo es, sin duda. Masacres, violencia exacerbada en algunos puntos de nuestra geografía lo demuestran. ¿Es el peor de sus problemas? Se diga lo que diga, no. Sí de los más importantes, no el peor.

Convocados por el Instituto HÈBO, en días pasados platicamos sobre “Tendencias en materia de seguridad pública en México”. En el ejercicio participaron personajes como Jesús Alberto Capella, experimentado mando policial a nivel municipal y estatal, Sophía Huett López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, Eduardo Guerrero Gutiérrez, director de Lantia Intelligence y Ardie Kluen, experto en cibercriminalidad y ex Chief Information Security Officer de la Policía de Holanda.

El daño que genera la discontinuidad en los procesos de construcción de modelos policiales, abandono presupuestal a las corporaciones locales, relevancia de la comunicación institucional de las corporaciones y la necesidad de abrir más espacios de mando para la mujer, fueron algunos de los temas abordados.

En lo personal, manifesté la preocupación por lo que considero el riesgo de demolición de la reforma en materia de justicia penal y seguridad pública de 2008 y la de 2011 en materia de derechos humanos, así como la tendencia, contraria a lo que pasa en el resto del mundo, de militarizar la seguridad pública.

Correspondió al jurista Raúl Plascencia Villanueva, expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, hacer la glosa de las participaciones y emitir una opinión sobre el tema principal de la mesa.

Recordó que México tiene una sólida economía, segundo lugar de América Latina y uno de los 20 países más desarrollados del orbe. Alcanzar esos niveles de desarrollo ha sido un proceso largo que exige solidez en ámbitos que ya poseemos y a ratos olvidamos. Recordó que antes de 2008 también se habían vivido transformaciones constitucionales en el ámbito jurídico penal y que en un corto lapso fueran sepultadas, pero el avance ha sido permanente.

En resumen, vivimos una crisis de construcción de capacidades para la seguridad pública que impacta principalmente en las corporaciones locales, las más importantes para contener el fenómeno delictivo.

México no es el país con más conflictos en seguridad como lo hacen ver algunas voces. Sin embargo, vivimos nuevamente un incremento en la violencia entre carteles, por factores asociados principalmente a la demanda de drogas duras a EU.

La militarización de la seguridad pública debe detenerse y en su lugar impulsar capacidades de investigación desde las corporaciones locales y, desde luego, desde la federación, con una visión civil.

México es un país sólido que ha pasado por importantes transformaciones los últimos 40 años. La crisis de violencia homicida debe atenderse con visión de Estado, lo que implica retomar lecciones aprendidas y analizar lo que pasa en el resto del mundo. Los ingredientes para alcanzar las metas ya se tienen, pero deben utilizarse.

Por el bien del futuro de México, así sea.