En días pasados el secretario de la Defensa anunció la creación del “Batallón de Seguridad Turística” para atender la problemática delictiva en Quintana Roo. Entrará en funciones el 1º de diciembre. Se dice que el modelo se replicará en otros puntos del país paulatinamente. Como cada tarea encomendada, las Fuerzas Armadas harán su mejor esfuerzo, pero eso entraña un problema del que no se les puede no debe culpar.
He sostenido que el diagnóstico entregado a la actual administración sobre la extinta Policía Federal fue erróneo. La saña en su destrucción fue inusual y representa el fin del modelo policial civil.
Incluso cuando se habló, por ejemplo, de la desaparición de la Policía Federal de Caminos, su estado de fuerza y misión permanecieron -uniforme y pertenencia orgánica distinta- en la Policía Federal Preventiva.
De la Policía Federal no quedarán ni cenizas. Eso no es buena noticia, pues algo de ella pudo ser útil precisamente en la salvaguarda del sector turístico.
Era importante reaccionar a la violencia en Quintana Roo. Sin embargo, resulta lamentable comenzar de cero por el desdén imperante a lo que la Policía con visión civil construyó en el pasado. Como ejemplo, hace 7 años se desplegó a la División de Gendarmería de la Policía Federal para atender, entre otras cosas, las afectaciones al sector turismo.
El primer despliegue de dicha División en 2014 se enfocó en atender la ola de secuestros en Valle de Bravo, Estado de México, que afectó la actividad turística. Consta en fuentes abiertas la forma en que se revirtió la situación y los resultados que se dieron en el aseguramiento de objetivos criminales y la reactivación productiva.
En Tamaulipas, cuando el crimen organizado hizo que por primera vez en décadas la ocupación de Playa Miramar estuviera por debajo del 30% en plena temporada vacacional, el despliegue de la Policía Federal con la Gendarmería como punta de lanza, logró restablecer la normalidad y volvió a presentarse una ocupación cercana al 100% en 2015.
Los Cabos, BCS, tras el paso del huracán Odile; Oaxaca que vio amenazada la celebración de la Guelaguetza; el Santuario de la Mariposa Monarca; Acapulco en medio de una epidemia de homicidios; zonas naturales protegidas como Calakmul, Campeche; el Festival Cervantino en Guanajuato, entre otros casos, pusieron a prueba las capacidades del modelo civil orientado a la tutela del turismo con resultados interesantes.
Cancún también tuvo en su momento un despliegue orientado a la protección del turismo y fue en ese contexto que se detuvo a la principal líder criminal de la zona, hoy presa en un penal federal.
Capacitar al personal costó un año de formación en la Academia Superior de la Policía Federal y distintos módulos de especialización en Proximidad Social bajo un esquema de Inteligencia Social. Tenían uniformes acordes a la función, vehículos especiales y armamento adaptado a empatizar con el entorno. Nada parece sobrevivir.
La política pública de seguridad orientada a proteger al turismo tiene bases sólidas y deben rescatarse. Comenzar de cero es doblemente riesgoso y los soldados no merecen cargar con el costo de un proceso de aprendizaje que compete a instancias civiles que, dicho sea de paso, siguen siendo ignoradas y excluidas de la agenda nacional, cada vez más minadas aunque sean el pilar de la función policial de conformidad con la Constitución.
El turismo representa cerca del 10% del PIB nacional. Merece atención prioritaria y la seguridad es fundamental para ello. Ojalá que el “Batallón de Seguridad Turística” recupere parte de la experiencia de la vía civil y la incorpore a la misión encomendada. Sería de mucha utilidad.