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Columnas
Rosario Piedra Ibarra no tiene la culpa de lo que haga o no haga bien el Senado.
Hasta la fecha, después de que han pasado casi cinco años de su elección como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), todavía hay quienes cuestionan el proceso de la LXIV legislatura, convencidos de que nunca alcanzó la mayoría calificada, como lo exige el artículo 102 de la Constitución para el nombramiento de dicho cargo.
Hubo tres votaciones, dos se realizaron el 30 de octubre de 2019; ninguno de los aspirantes que integraban la terna logró el voto de las dos terceras partes de los asistentes a la sesión.
La tercera votación se llevó a cabo en la sesión senatorial del 7 de noviembre de ese año.
De acuerdo con las cifras oficiales, se cumplió la mayoría calificada: Jesús Orozco obtuvo 8 votos, Arturo Peimbert 24, Rosario Piedra 76 y 6 abstenciones, para un total de 114 votos.
Según la oposición, en la sesión hubo 116 senadores, por lo tanto, no existió la mayoría calificada.
Por supuesto que Piedra Ibarra no tuvo nada que ver con el proceso electoral realizado por senadores. Ella no estaba ahí para contar votos ni el número de senadores asistentes.
Su papel era sólo conocer el veredicto legislativo, para saber si había sido o no la ganadora.
Haría lo que le indicaran las autoridades senatoriales. La información que recibió fue que alcanzó la mayoría calificada y en consecuencia días después rendiría protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024.
Fue convocada para el 12 de noviembre, donde la oposición intentó echar abajo la elección, con el argumento de que no había alcanzado la mayoría calificada el 7 de noviembre, convencidos de que en el pleno hubo una asistencia de 116 senadores, dos más del total de votos computados.
En medio de jaloneos y trompicones, que llevaron al suelo al senador Gustavo Madero, Rosario Piedra Ibarra rindió protesta como la nueva presidenta de la comisión.
Si los senadores contaron correctamente o alteraron sumas, para nada era asunto de Rosario.
Lo que recibió fue el acta del Senado, el documento oficial que avala su nombramiento.
Los cinco años están por terminar. Con todo derecho se inscribió para buscar la reelección.
Durante la reunión de las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos del Senado, a la que acudió para exponer los motivos de su aspiración y responder preguntas, los senadores Ricardo Anaya Cortés (PAN) y Claudia Anaya Mota (PRI), curiosamente ambos de apellido “Anaya”, la acusaron de ser ilegítima presidenta de la CNDH, presuntamente por haber sido electa a través de un fraude cometido por la mayoría en el Senado.
Lo que le consta a Rosario es que tiene en su poder el acta, que la reconoce como legítima presidenta.
No le corresponde poner en duda el proceso de elección llevado a cabo por senadores.
Por consiguiente, Ricardo y Claudia, a quienes tienen que reprocharle lo que sucedió hace casi cinco años es a los senadores y senadoras responsables del proceso electoral en la LXIV legislatura.
Rosario en este tema es inocente.
Sobre su aspiración de reelegirse, la última palabra la tiene la mayoría parlamentaria, mayoría calificada en el Senado.
Punto a su favor es que ha emitido más Recomendaciones que cualquier otro presidente de la CNDH.
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