Señalan que propuesta viola Derechos Humanos

La organización Comercio Alternativo para una Vida Digna (CAPUVD) entregó una carta a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con sus consideraciones sobre regulación del uso de la cannabis.

En ella señalan que la iniciativa que se encuentra en estos momentos en el Senado de la República contiene errores que derivan en atentados contra los derechos humanos y libertades fundamentales inherentes al ser humano como la libertad de trabajo, comercio e industria, reconocidos en la Constitución.

Esta organización, encabezada por Graciela Coronel Barrios y Leys Sarahí Olivera, ha elaborado varios escritos que han dirigido a la titular de la política interna del país. En el más reciente, entregado ayer, señala:

“Aplaudimos el espíritu de los legisladores de regular bajo un enfoque de salud de derechos humanos y desarrollo sostenible, y celebramos su compromiso de realizar foros, conferencias y cafés temáticos, con la finalidad de escuchar a todos los sectores de la sociedad. Empero, consideramos que en los términos que está planteada la iniciativa, algunas de sus imprecisiones demuestran la falta de empatía y atención hacia las propuestas y comentarios expresados por la sociedad mexicana”.

Las líderes de la CAPUVD mencionan que hoy más que nunca se requiere incentivar la participación del campo y la producción mexicana, para apuntalar el desarrollo de la industria del cannabis.

Entre las deficiencias que consideran tiene la iniciativa que se elabora en el legislativo se encuentran que las licencias de cultivo, transformación, venta y exportación son excluyentes entre sí, y esto provocará que los productores del campo y fabricantes queden a expensas de intermediarios y agentes exportadores, lo cual mermará sus ingresos.

Agregan que dicha prohibición, se contempla sea extensiva a socios, subsidiarias, accionistas, familiares consanguíneos hasta cuarto grado, cónyuges u otras relaciones, lo cual, consideran, violenta el artículo 5 constitucional que señala que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos; por lo que sugieren que se elimine dicha restricción.