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Servicio Púbico y Protección de Datos Personales

Servicio Púbico y Protección de Datos Personales

Columnas miércoles 22 de febrero de 2023 -


De acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se consideran datos personales aquellos concernientes a una persona física identificada o identificable.

Dicha definición se traduce en un amplísimo catálogo de rubros informativos, tales como el nombre, domicilio, patrimonio, e incluso la formación académica, los cuales constituyen información de carácter confidencial, y por tanto, se encuentra prohibida su divulgación, salvo que exista el expreso consentimiento por parte de la persona titular de los datos personales.

En otra palabras, ninguna persona tiene derecho a conocer de nuestra intimidad, salvo que nosotros lo autoricemos (o difundamos), pero, ¿todas las personas gozan de esta amplia protección?

La respuesta es sí, pero existen casos que limitan dicha protección.

El caso más común, tiene que ver con los servidores públicos pues, al percibir sus ingresos a partir de recursos públicos, hace que su patrimonio sea parcialmente público y auditable.

En ese sentido, la legislación vigente en materia de Transparencia instruye a las diversas dependencias de gobierno a difundir el salario que percibe cada servidor público. Incluso, en determinados casos, estos tienen la obligación de declarar anualmente los movimientos que sufra su patrimonio.

Ahora bien, con esto no debe pensarse que toda la información concerniente a personas servidoras públicas es de libre difusión, pues la excepción a la protección solo abarca a aquella información que se encuentre estrechamente vinculada a la función que desempeñan.

En ese sentido, para tener la certeza de que un servidor público cuenta con la capacidad para ejercer su cargo, resulta legítimo conocer su trayectoria académica. Para ello los órganos gubernamentales pueden difundir el grado académico, e incluso las instituciones que otorgaron los títulos profesionales, sin embargo, no es obligación indicar la calificación, por citar un ejemplo.

Por otra parte, en aquellos casos en los que una persona servidora pública se encuentra sujeta a algún proceso de investigación administrativa, resulta válido que se restrinja el acceso a dicho proceso a personas ajenas, salvo que se determine la existencia de alguna responsabilidad, en cuyo caso, los propios organismos públicos están obligados a informar respecto de las sanciones aplicadas, una vez que la resolución adquiera firmeza legal.

Con este contexto, resulta oportuno analizar un tema que ha generado un amplio debate en la sociedad en las últimas semanas, el cual tiene que ver con la investigación que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) respecto de una denuncia relacionada con una posible irregularidad dentro del proceso de titulación, en el año 1987, de una persona hoy ministra de la Suprema Corte de Jusricia de la Nación (SCJN).

En días pasados, trascendió la noticia de que una Juez de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México resolvió que, cualquier difusión de información, por parte de la máxima casa de estudios, respecto de la referida investigación, estaría atentando contra el principio de presunción de inocencia de la ministra.

Al respecto, existen diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de que, toda persona tiene derecho a preservar su honorabilidad, a menos de que se acredite la comisión de una falta sancionable, ya sea de carácter penal o administrativo.
Sin embargo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que es posible la difusión de información concerniente a procedimientos de carácter administrativo, como lo es la investigación que realiza la UNAM, cuando existan razones de “interés público” respecto de dicha información.

Para determinar si se trata de un asunto de “interés público”, la UNAM tendría que realizar un estudio ponderativo que analice el grado de invasión a la intimidad de la persona investigada, en contraposición con el interés que pudiera tener la población de conocer cada etapa del proceso administrativo y su resolución.

Esta situación ha llamado la atención de diversos sectores de la sociedad, pues resulta un escenario inédito, no sólo el que la UNAM investigue si existió alguna irregularidad en el proceso de titulación de una exalumna, sino que dicha persona ocupa un cargo público de alto nivel, cuyas funciones repercuten en la esfera jurídica de la colectividad.

Valdría la pena considerar si, en este caso concreto, el “interés público” pudiese prevalecer, sobre el principio de presunción de inocencia, dada la calidad de servidora pública de la persona sujeta a investigación.

En conclusión, las personas servidoras públicas sí cuentan con una amplia protección respecto de su información personal, pero con determinados límites y dicha protección se encuentra sujeta a un tratamiento diferente, con respecto a la colectividad, dada la naturaleza del cargo ejercido.
Jorge Valdés Gómez. Maestro en derecho por la UNAM, con experiencia en temas de Transparencia, Protección de Datos Personales, Derecho del Trabajo, así como en Seguridad Nacional. @whiteistari

“Artículo Sexto” es una iniciativa de opinión de especialistas en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, archivo y rendición de cuentas, promovida por Laura L. Enríquez (@lauraenriquezr). Las opiniones y voces de estos especialistas son a título personal, y su objetivo es promover la cultura de la transparencia en el país.

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