Sheinbaum obligada a pactar acuerdos institucionales con alcaldes de oposición

La nueva configuración política de la Ciudad de México obligará al gobierno de Claudia Sheinbaum a gobernar con pluralidad y pactar acuerdos institucionales con los alcaldes de oposición, que el 1 de octubre asumieron funciones o de lo contrario se profundizarán las diferencias y estará en riesgo la gobernabilidad en la capital del país.

En las últimas semanas —desde el Congreso local—, se han impulsado iniciativas para restarles facultades en materia de seguridad pública y desarrollo urbano a los nuevos ediles y desde el gobierno central la Jefa de Gobierno anunció la designación de delegados especiales en las 16 alcaldías de la capital, con lo que se pretende recentralizar el poder y volver a la época en la que las decisiones se tomaban desde el centro.

Los integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) han externado al gobierno su preocupación por la falta de recursos para concluir el período 2021, pues todavía hay obras y servicios pendientes que deben atenderse. No obstante, la Jefa de Gobierno ha señalado que en este momento no se puede pensar en un aumento del erario —ni para el gobierno central ni para las demarcaciones—, por lo que deberán revisar los recursos con los que contarán para pagar los salarios de los trabajadores.

Otro punto que ha causado controversia, es el manejo del Presupuesto Participativo 2021 y 2022 por 2 mil 816 millones de pesos, debido a la reforma propuesta por la Jefa de Gobierno y aprobada en el Congreso capitalino para resolver los casos de las alcaldías que realizaron con recursos propios los proyectos elegidos por los ciudadanos y que se habían suspendido por la pandemia de Covid-19.

En ese sentido, el Partido Acción Nacional (PAN) ha mencionado que con esta reforma se dio un margen amplio y discrecional a los alcaldes salientes, quienes seguramente destinaron esos recursos a rubros distintos a las que fueron etiquetados por los ciudadanos, originalmente propuestos para atender diversas problemáticas de sus colonias.

Desde diversos frentes se ha intentado poner diques a la oposición para impedir que amplíe su representación política en la Ciudad de México. Los alcaldes electos de oposición denunciaron que se han enfrentado con represión y violencia ante la derrota que sufrieron en las urnas el seis de junio.

Para algunos analistas el incidente que sucedio frente al Congreso local puede ser el inicio de un escenario de fricciones y tensión durante los próximos tres años. Aunque la ciudad siempre ha sido plural y diversa, hay quienes aseguran que no se permitirá que sigan creciendo los partidos de oposición y reconocen que la asignación presupuestal para los servicios públicos de salud, la seguridad o la gestión del espacio público, serán los temas más complejos para negociar.

Los alcaldes de la coalición “Va por la Ciudad de México” ya tienen listas las acciones, los programas y las medidas de gobierno que implementarán en sus demarcaciones para atender las principales demandas de la población en materia de seguridad, abasto de agua, remodelación de espacios y movilidad. Se han propuesto gobernar de la mano con la ciudadanía, por lo que mantendrán un estrecho contacto con los vecinos para conocer y solucionar la problemática que enfrentan en sus colonias.

La batalla por recuperar la influencia y el poder que perdieron en las elecciones del 6 de junio se antoja bastante complicada, pues las baterías del partido en el poder apuntarán principalmente hacia las alcaldías de Cuajimalpa, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán, demarcaciones gobernadas por la oposición.

En los próximos meses será crucial la intervención de Martí Batres, Secretario de Gobierno en la nueva relación que tendrá el gobierno de la Ciudad de México con los alcaldes de oposición. Su estrategia política definirá si los nuevos ediles serán capaces de sortear las diferencias con la actual administración para avanzar en sus respectivos posicionamientos sobre los principales temas de la agenda de la capital, y desde una posición de relevancia, comiencen a impactar en las preferencias electorales

La Jefa de Gobierno se juega su futuro político. Tiene dos años para afianzar su candidatura a la Presidencia de la República, pero el panorama no es nada alentador ante la crisis económica y social provocada por la pandemia de Covid 19 y por las consecuencias que tienen las decisiones del gobierno federal, que se ha dedicado a fustigar a la clase media y al sector empresarial.

Los que han seguido de cerca la trayectoria de Claudia Sheinbaum señalan que ha llegado el momento de que encuentre una sana distancia entre la lealtad política y su deber de servir a la ciudadanía.

Los tiempos de la sucesión presidencial aún están lejos y ella sabe que no tiene nada seguro y que sus enemigos podrían encontrar la forma de que Andrés Manuel López Obrador la excluya de la carrera por la presidencia.