Soberanía y seguridad eléctrica urgente José Narró Céspedes

La modernización del país, desde los años 40 hasta principios del siglo XXI, se fincó sobre las energías de combustibles fósiles, el carbón y otros combustóleos, sobre los cuales, se diseñaron las maquinarias, motores para suministrar de la electricidad necesaria para impulsar el movimiento de personas y mercancía, para iluminar las casas y calles del país, refrigerar alimentos, impulsar las telecomunicaciones y un amplio etcétera que significa, dar vida al crecimiento de México, todo el día, cada día.

Sin embargo, hoy, la lucha por el crecimiento se encuentra con la realidad del cambio climático y la devastación que la economía del mercado y el consumo extremo, han llevado a cabo en todo el mundo y nuestro país no es la excepción. Es claro que tenemos que cambiar las formas de producir la energía para pasar a energías amigables con el medio ambiente.

Pero, no podemos negar que toda la industria, el transporte y en general las herramientas que hacen funcionar al país, están construidas con maquinarias diseñadas con combustibles altamente contaminantes y que es imposible realizar un cambio drástico e instantáneo, tenemos que entrar en proceso de cambio graduales, donde todos los sectores de la sociedad estén en condiciones de adquirir nuevas maquinarias diseñadas para consumir nuevas formas de generación de energía.

Por ello, el Gobierno de México se trabaja en la planeación y ejecución para mantener un adecuado balance energético en las áreas de combustibles, gas y electricidad principalmente.

La transición energética es un plan que se desarrolla con responsabilidad y eficiencia, derivado de la responsabilidad ambiental y en cumplimiento a compromisos internacionales contraídos. Sin embargo, la transición se realiza en forma responsable para que la inclusión de energías alternas intermitentes se introduzca sin afectar los sistemas establecidos que proporcionan servicios básicos a la población como electricidad y combustibles.

Vamos a devolver a la Nación la potestad de los recursos naturales (en este caso se centra sobre todo en el litio), lo cual se había modificado con la reforma del 2013. Vamos a garantizar que corresponda a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en: generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica lo cual cancela definitivamente la posibilidad de desarrollar proyectos de generación comunitaria.

Nos queda claro, que la solución que ha planteado los gobiernos anteriores y la derecha de hoy, es que renunciemos a nuestra obligación a la iniciativa privada renunciando a la soberanía energética, afirmación que se fundamenta en el ecologísmo del capitalismo rampante, donde se busca defender la naturaleza sin afectar industrias que causan gran parte del daño al planeta, e impulsando las ganancias de las empresas amigas, que ganaran sumas obscenas con proyectos supuestamente amigables con el medio ambiente. Ahí tenemos mineras a cielo abierto con premios al Compromiso Ambiental y el Merito Ambiental, como la mina Peñasquito en 2013.

La ecología del llamado “capitalismo verde”, vende y vende muy bien. Es material de costosas campañas publicitarias para limpiar el rostro de empresas depredadoras de la madre tierra, como refresqueras y cerveceras y para campañas políticas que culpa al gobierno actual, de la generación de energía basada en petroquímicos que la industrialización del país heredó.

No somos incautos, y no creemos que el sólo fortalecimiento de la CFE es suficiente, por ello, el Gobierno de México ha implementado una política de apoyo a las Empresas Productivas del Estado para garantizar el abasto interno y una seguridad energética y que, aunada a los participantes privados en el sector, garanticen la demanda nacional.

Las plantas hidroeléctricas se encuentran en un proceso de modernización; con el fin de reducir el uso de combustóleo y carbón en la producción de electricidad. Para ello, indicó que se cambiaron las turbinas antiguas por equipos modernos para así evitar construir presas y causas afectaciones.

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Entender la energía como un área estratégica podría resultar positivo porque eliminaría el carácter mercantil de la electricidad y consideraría como un derecho. En ese sentido, lo público podría enfocarse a garantizar la satisfacción de las necesidades energéticas de la población que ahora mismo vive en situación de pobreza energética.