Terrorismo y movilizaciones

Columnas martes 09 de diciembre de 2025 -

El sábado pasado, México vivió el ataque terrorista con la carga explosiva más fuerte que se tenga memoria en fechas recientes. El coche-bomba en Coahuayana, Michoacán, encendió todas las alertas en las instituciones de seguridad del país; porque contra un incidente así en CDMX, no habrá blindaje suficiente que proteja a las personas afectadas.

Al momento, la FGR no ha hecho públicos los explosivos usados ni la cantidad de los mismos (probable mezcla de pólvora y nitrato de amonio, propios de la minería), pero por el impacto causado a 300 metros a la redonda, más una columna de humo de al menos 30 metros sobre la superficie, nos habla de la capacidad operativa del cártel más poderos del país.

Hace unas semanas, la presidenta afirmó que México no volvería a la guerra contra los cárteles, pero la violencia desbordada no puede ocultarse más. A menos de un mes de anunciarse el “Plan Michoacán”, el CJNG exhibe su poder.

De acuerdo con diversas fuentes periodísticas, autoridades mexicanas han pedido a las agencias de EE.UU. abstenerse de acción alguna contra los liderazgos del CJNG por la violencia que se generaría. Con independencia de la realidad o ficción de estas “peticiones”, este cártel planta cara hoy al Gobierno de México como ningún otro.

No deja de llamar la atención que dicho cártel se expandió mientras tomadores de decisiones locales y federales de los últimos años hoy gozan de plácidas jubilaciones, ya sea escribiendo libros en sus haciendas o siendo entrenadores de fútbol en España. El monstruo se hizo demasiado grande para que nadie lo viera. Pero lo que más preocupante es la probable alianza de distintos miembros de la clase política con dicha organización, particularmente para comercializar el huachicol fiscal.

Por donde se le vea, no se puede articular una política criminal coherente en México sin voluntad política y presupuesto para tal fin. Por ello no se entiende que la actual administración formalizara constitucionalmente el mando de la Guardia Nacional a SEDENA, mientras dicha institución y secretaría parece que no son confiables ni para la presidenta, ni para el secretario de seguridad, ni para las agencias de EE.UU., por la probable filtración de varios de sus miembros con actividades ilícitas. Mermar o desmantelar al CJNG es fundamental para el gobierno y el país, para lo cual no se deben regatear esfuerzo institucional alguno.

Por ello es profundamente irritable que existan funcionarios públicos que desdeñan las marchas que la sociedad hace para reclamar acciones contra la inseguridad y se vanaglorian de llenar el zócalo con la fuerza del corporativismo; mientras otros funcionarios, conscientes del riesgo de un ataque similar contra objetivos prioritarios, arriesgan la vida a cada hora del día.

Los enemigos del país no son las personas que portan banderas en mítines: son los criminales aliados con algunos gobernantes los que merman nuestra viabilidad como Nación.