Trabajo infantil: invisibilidad y abadono

Columnas miércoles 15 de abril de 2026 -

El trabajo infantil, una agenda históricamente desatendida en México, ha sido marginada aún más en el discurso gubernamental en los últimos siete años, y prácticamente se ha invisibilizado en el debate público. Esta omisión constituye, en términos éticos y civilizatorios, una forma de renuncia colectiva frente a una de las más graves vulneraciones de derechos humanos de las infancias.

Las cifras son, por sí mismas, una interpelación ineludible. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022 había 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, lo que representa el 13.1 % de la población entre 5 y 17 años. Esta magnitud describe una estructura persistente de exclusión. Más aún, 48.6 % de estos menores realiza ocupaciones no permitidas, es decir, actividades prohibidas por su peligrosidad o por encontrarse por debajo de la edad mínima legal.

Desde la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil no puede aceptarse como una variable económica tolerable ni como un mecanismo adaptativo de los hogares pobres; antes bien, debe reconocerse como una forma de explotación que debe ser erradicada. En esa perspectiva, el trabajo infantil no admite matices: constituye una violación frontal al principio del interés superior de la niñez.

Sin embargo, lo que resulta más preocupante es su progresiva normalización y legitimación. En el discurso público contemporáneo el tema aparece de manera tangencial, cuando no es completamente omitido. Esta ausencia discursiva revela una carencia más profunda: la falta de una perspectiva de niñez como eje estructurante de la acción pública. Allí donde no hay lenguaje, no hay política; y donde no hay política, lo que prevalece es la reproducción silenciosa de la injusticia.

Particularmente grave es la invisibilización de las peores formas de trabajo infantil. De los 3.7 millones de menores en esta condición, 2.1 millones se encuentran en ocupaciones no permitidas, y dentro de este grupo, más de la mitad realiza actividades peligrosas. A ello se suma que 1.9 millones de niñas y niños realizan trabajo doméstico en condiciones no adecuadas. En estas cifras se revela una violencia estructural que no se nombra y, por tanto, no se combate.

La persistencia del trabajo infantil no sólo compromete el presente de millones de niñas y niños; erosiona también las bases de una economía que aspira a ser justa. Pero, más allá de la economía, el problema es radicalmente ético. Una comunidad política se define por la manera en que protege a quienes no pueden defenderse por sí mismos. En este sentido, el trabajo infantil es un espejo moral. Y lo que hoy refleja en México es una fractura profunda entre el orden jurídico que proclama derechos y la realidad social que los niega.

Erradicar el trabajo infantil es una exigencia de justicia. Supone reconfigurar prioridades, rearticular políticas y, sobre todo, restituir a la niñez su lugar como fundamento del proyecto nacional. Mientras ello no ocurra, cualquier narrativa de desarrollo será, en el mejor de los casos, incompleta; en el peor, abiertamente una forma de encubrimiento.

Investigador del PUED-UNAM