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Tras muerte de alumno a golpe en Academia Militarizada Ollin prevalecen irregularidades; sigue operando y han amenazado a víctimas
Ciudades
Claudia Bolaños
Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, encabezó una conferencia de prensa junto a familiares y estudiantes para exigir justicia por la muerte de Erick Torbellín, un menor de 13 años que falleció tras asistir a un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin.
De acuerdo con los primeros reportes médicos, el menor presentaba graves lesiones abdominales y fracturas que habrían causado el colapso de sus órganos internos. Estos hallazgos desencadenaron múltiples denuncias por presuntos abusos dentro de la institución educativa.
Durante su declaración ante medios, Rojo de la Vega informó que ya se han abierto nueve denuncias formales por agresiones, y al menos otras diez están en proceso, todas relacionadas con actos de violencia contra menores. Entre los señalamientos destacan castigos severos, negligencia médica y abuso de autoridad presuntamente ejercido por personal docente.
“Mi obligación es proteger el interés superior de la infancia en la Cuauhtémoc. Tenemos 19 denuncias y 4 más en proceso, todos compañeros de Erick”, afirmó la funcionaria.
Frente a madres y padres de familia, Rojo de la Vega calificó a la Academia como un “centro de tortura” e instó a reflexionar sobre la responsabilidad de proteger a la infancia: “El que calla ante una ilegalidad se vuelve en cómplice”, sentenció.
En la conferencia se dio a conocer que algunos de los jóvenes que revelaron el maltrato que vivieron en su escuela, han sido víctimas de bullying y acoso por parte de sus ex compañeros.
Además, las autoridades investigan si los alumnos de nivel primaria y preescolar —donde también se han detectado presuntas irregularidades como boletas falsas, presuntamente solamente tiene registro para operar como secundaria— están inscritos en el sistema educativo oficial.
Indicaron que han solicitado a la SEP que investigue el caso, y que les haga saber quiénes de los alumnos sí están registrados como alumnos de primaria.
La escuela aunque fue clausurada, sigue operando a distancia, dando clases por zoom, pero hay la sospecha de que también habría clases presenciales, pues saben que han solicitado material a algunos alumnos.
Erika Torbellín, madre del menor fallecido, anunció que llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar que quede impune. “Tuve que ver a mi hijo sin vida, mientras la escuela sigue cobrándome las colegiaturas”, denunció con firmeza.
Rojo de la Vega indicó que se sentía frustrada por la falta de velocidad por parte de las autoridades capitalinas es del Gobierno Federal, para sancionar a los responsables y evitar que se le dé protección a los responsables y otros más se estén dando a la fuga.
Imagen: Especial
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DM/CR
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