Atributo de la soberanía es ejercer la violencia en caso de que las instituciones del estado peligren. Cuando Jean Bodin, uno de los grandes “politiques” de una Francia sumergida en la violencia religiosa del s. XVI, define la soberanía, le adjudica el poder único y supremo y la facultad de actuar para garantizar el orden cuando todo se hacía pedazos. Será necesario concentrar el poder en una autoridad civil cuya legitimidad ya no requiriera del beneplácito religioso, debido a que una importante de la población ya no comulgaba la misma fe, generando una crisis de legitimidad de la Corona, tradicionalmente católica que, en esos días, se hundía ante la inexistente sucesión masculina que marcaría el fin de la real casa de Valois, y el ascenso de los borbones.
La concentración del poder del estado, siempre se ha asumido como todas aquellas herramientas que permiten el funcionamiento institucional, confrontando las amenazas externas o internas, que erosionan la vida de los ciudadanos y sus leyes. Nadie asumiría que una concesión de poder semejante se hiciera solamente para garantizar el beneficio de una porción de la sociedad, o para encumbrar al que se supone, representa un peligro para la existencia del propio estado, como un grupo criminal.
La idea de soberanía se implementó como un recurso garante del poder civil en nombre de principios de deber, que difícilmente observamos en versiones utilitarias que alejan un objetivo bien definido del mismo. Una crisis sobre una definición objetiva del poder y su ejercicio está en puerta en una sociedad -y quizá, en el mundo-, que entre otras cosas nos permitan exigir, pedir cuentas y descubrir a quienes amenazan el sentido de la vida pública, esto es, un criminal.
Un criminal es un transgresor de la legalidad; un enemigo de la institucionalidad y debería ser el objetivo prioritario de un estado que hace valer su deber público sobre los intereses privados. Cuando los criminales, por las razones y medios que sean, se hacen del poder, y su ejercicio entra en contradicción el sentido de la soberanía, la permanencia espuria de aquella fuerza se convierte no sólo en un trastorno contradictorio con la propia teoría del poder, sino en una amenaza que tarde o temprano dará muestras de sus objetivos, confrontando con las instituciones y sus ciudadanos.
La soberanía nació para garantizar el ejercicio del poder en un estado moderno, no para ser guarida de maleantes que edifican su fortín a modo: reforman las leyes; desaparecen las instituciones; enfrentan a diversos sectores sociales; manipulan cifras e informes sobre la situación real del estado y permiten la grosera impunidad de sus simpatizantes,
Delincuentes empoderados, no marcan el sentido de un gobierno legítimo, sino la usurpación del propio estado, un robo, un despreciable hecho que se comprobará con los resultados: terror; miseria; injusticia; pobreza; ignorancia… y créanme, para echarlos del poder, será a un costo del que incluso sus simpatizantes, un día tendrán conciencia.