Un viejo conocido y abusivo en México

El programa Pegasus es un viejo conocido de México. Ha sido una herramienta informática empleada en forma abusiva por las autoridades en contra de defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales y sociales, periodistas, políticos de oposición y, en el colmo de las violaciones a los derechos humanos, en contra de las víctimas de delitos graves y sus familiares.

La nueva filtración de información sobre su uso por diversos gobiernos permitió a una alianza de medios de comunicación de varios países revelar que Pegasus sí se utiliza para espiar con fines políticos, extrajudiciales, de censura y represión, por mucho que la empresa NSO Group asegure que solo otorga licencias para el combate a terroristas y organizaciones criminales.

En México se supo en 2017 del espionaje con Pegasus a periodistas y defensores de derechos humanos, pero las nuevas revelaciones redimensionan su alcance en número (más de 15 mil potenciales objetivos) y actividades de las víctimas.

Estos son unos datos de contexto sobre el uso abusivo e impune de Pegasus en México:

En 2017, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) investigó las presuntas violaciones a la protección de datos personales con el uso de Pegasus por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Se sabe que también el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) dependiente de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional lo han empleado, entre otras autoridades.

En noviembre de 2018, el INAI inició un procedimiento de verificación a la PGR y concluyó que incumplió con el deber de seguridad y el principio de responsabilidad previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ya que usó Pegasus sin tener una bitácora sobre el tratamiento de datos personales; tampoco tenía un sistema de gestión y un documento de seguridad, y no hizo el borrado seguro del sistema tras su desinstalación.

Además, la PGR dijo primero que había adquirido Pegasus solo en 2014, pero poco antes de concluir la verificación del INAI reconoció que también en 2016 y 2017. Por ello, se dio vista a la Auditoría Superior de la Federación para que verificara los bienes adquiridos y los servicios contratados relacionados con el software y determinar si hubo irregularidades.

La PGR tampoco demostró cumplir con las normas para destrucción de información y la desinstalación del programa. Por ello, el Instituto (Comunicado INAI/054/19) dio vista al Órgano Interno de Control de la PGR, y denunció ante el Ministerio Público Federal para que se investigaran y sancionaran probables responsabilidades administrativas y penales.

Además, el INAI ordenó acreditar que el software había sido desinstalado del equipo de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la Agencia de Investigación Criminal y de cualquier otro equipo de la ahora FGR y que no era factible instalarlo nuevamente.

Además, ordenó publicar las versiones públicas de los contratos de 2016 y 2017 para el uso de ese software en su portal y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo, el 16 de marzo de 2020 se supo que la FGR desacataba la orden del INAI (“Resiste Fiscalía a acatar apertura”, en Reforma, 16 de marzo de 2020, pág.2).

Las nuevas revelaciones hacen necesaria una investigación exhaustiva sobre el uso que ha tenido Pegasus en México, y conocer quá ha pasado con las resoluciones del INAI y las denuncias que presentó ante diversas instancias.

(*) Especialista en transparencia y protección de datos.

@torresalex