Una Corte ¿ideológica?

Columnas lunes 22 de junio de 2026 -

La única investidura de las supremas cortes y tribunales constitucionales nace de la autoridad de sus razones, así lo advirtió El Federalista en su discurso 78, con una fórmula que conserva toda su vigencia: la judicatura carece de fuerza y de voluntad, solo posee juicio; precisamente por ello, el problema surge cuando l@s juzgadores constitucionales sustituyen la metodología jurídica por ideología política y ésta se convierte en criterio suficiente de decisión, impresión que me dejaron dos sesiones de la SCJN la semana pasada.

El miércoles, al resolver asuntos agrarios de Yucatán, una parte de la minoría no pareció buscar una cuestión constitucional genuina, sino vestir de Constitución una convicción previamente formada; y la prueba más patente la dio la ministra Loretta Ortiz, quien invocó los Tratados de Bucareli -esa persistente leyenda del despojo nacional- y torció incluso el rótulo turístico: all inclusive, que describe una modalidad de hospedaje con alimentos y bebidas incluidos, hasta hacerlo significar la exclusión de personas mexicanas en favor del capital extranjero. Las leyendas históricas y las preferencias de política económica pueden inspirar posiciones políticas respetables, pero no sustituyen la identificación de un problema constitucional; quien lee exclusión donde la palabra dice inclusión no quiere medir la causa con la Constitución, sino la Constitución con la causa.

Por cinco votos contra cuatro, la mayoría desechó los recursos al estimar que no existía una genuina cuestión constitucional, sino la pretensión de reexaminar pruebas ya valoradas, y en esto tuvo razón, porque la relevancia constitucional no nace de la causa que se invoca, sino de la pregunta que se plantea. Abrir el amparo a un reclamo simbólico habría sido invertir el sentido del control de constitucionalidad y convertir la jurisdicción en una caja de agravios políticos antes que en un espacio de razones jurídicas.

Al día siguiente, al declarar imprescriptibles los delitos relacionados con la Guardería ABC, la Corte acertó en el resultado, aunque el camino argumentativo dejó zonas de inquietud, pues el proyecto sostuvo la imprescriptibilidad sobre la categoría de crímenes de lesa humanidad del Estatuto de Roma, y fue el ministro Giovanni Figueroa quien, con rigor metodológico, advirtió que esa categoría no se traslada automáticamente a toda violación grave de derechos humanos, anclando la solución en los estándares del sistema interamericano. En paralelo, la ministra Ríos desplazó la argumentación hacia una crítica al neoliberalismo y a la privatización de la salud, olvidando que la propia SCJN, al resolver la facultad de investigación 1/2009, reconoció la legalidad del sistema de subrogación y situó la tragedia en las omisiones de servidores públicos.

El desenlace vino de fuera del tribunal, cuando la presidenta Sheinbaum celebró la decisión y la atribuyó al cambio en el Poder Judicial, aunque simultáneamente afirmó que la SCJN cumple únicamente la Constitución sin favoritismos, afirmaciones difíciles de reconciliar, porque si el mérito del fallo radica en la nueva composición del órgano y no en la fuerza de las razones que lo sostienen, la legitimidad se desplaza desde la argumentación hacia la afinidad política.

Entre el mito de Bucareli, el sermón contra el neoliberalismo y la categoría all inclusive como exclusión de personas mexicanas, late un mismo defecto: una judicatura que se percibe legitimada por resolver de manera que sintonice la Constitución con la ideología política del oficialismo, y no para ajustar el poder al ordenamiento jurídico.

Obiter dicta.

La ideología altera la jurisdicción, y una Constitución a la medida del poder deja de ser su medida.