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Una alerta temprana

Una alerta temprana

Columnas miércoles 10 de marzo de 2021 -


El acceso a la información pública es un derecho que la población conoce cada vez más, ya que se le vincula con la posibilidad de resolver alguna necesidad específica en materia de salud, educación, seguridad pública, servicios urbanos, trámites y programas sociales, entre muchas otras. Detrás de cada consulta a un portal de internet o de una solicitud de información a alguna de las más de 8 mil dependencias públicas del país a nivel federal o local hay una necesidad específica o un problema que requiere resolver quien la realiza.

Aquí es donde cobra sentido la conocida expresión de que la información es poder. Y ese poder es de la gente, porque el acceso a la información es un derecho humano que puede ejercer cualquier persona sin importar si es o no mexicano, si es mayor o menor de edad ni tampoco la actividad que realiza o para qué requiere la información. Mucho menos importan otros aspectos como sexo, raza o religión. Por regla general, toda la información que generan las dependencias es accesible para todos, salvo aquella que la misma ley permite clasificar como reservada o confidencial de manera excepecional y bajo determinadas reglas.

Por ello, es preocupante un hallazgo de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 (ENAID), que le dio seguimiento a la encuesta de 2015 sobre la evolución que ha tenido el conocimiento y ejercicio de ese derecho en México.

La encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se realizó a más de 15 mil personas en áreas urbanas con 100 mil o más habitantes, representativas de todo el país, a quienes se les preguntó, entre otras cosas, “¿quién puede tener acceso y conocer la información que posee el gobierno?”. El 72.3% respondió que “todos tienen derecho a conocer la información”, pero otro 18.2% dijo que “únicamente el gobierno” tiene ese derecho.

Este último resultado es preocupante porque al compararlo con la encuesta de 2015 se ve un crecimiento muy sustantivo, pues en aquel entonces solo el 0.7% de los que dijo que el gobierno tenía derecho a conocer la información generada por las instancias oficiales; ahora el 18.2% así lo considera.

Este hallazgo no puede ser pasado por alto, porque hoy más que nunca se requiere reforzar entre la población la noción de que el acceso a la información pública es un derecho determinante para elevar la calidad de vida de todos.

Es tarea de los institutos de transparencia del país y de los gobiernos federal y locales reiterar que las autoridades municipales, estatales y federales generan todos los días información que, al llegar a manos de los ciudadanos, permitiría resolver problemas cotidianos sobre la calidad y cantidad de agua potable que reciben en sus casas, las condiciones en que se da el servicio de recolección de basura, la regularidad y supervisión del transporte público, el número de cámaras de videovigilancia y patrullas disponibles en la colonia, los requisitos y trámites para acceder a los beneficios de un programa social, entre muchos otros temas que inciden en nuestra vida diaria.

La ENAID 2019 arrojó avances importantes en otros rubros respecto a 2015, como el nivel de conocimiento de las leyes y los institutos de transparencia entre la población, pero no debe ser motivo para echar las campanas al vuelo, sino atender esos pequeños pero significativos hallazgos que nos hablan de un probable retroceso en la noción que la gente tiene del derecho de acceso a la información pública.


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/CR

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