De acuerdo con las cifras más recientes de la deuda pública en México (18.9 billones) y de población (133.4 millones de habitantes), respecto a junio de 2025, cada uno de nosotros debe hoy casi diez mil pesos más: $141,679. En julio cada mexicano debía $132 mil pesos.
¿Qué hay detrás del acelerado endeudamiento gubernamental de los últimos meses? Veamos. El presupuesto público tiene varios años arrastrando una deuda pública creciente: se gasta poco más de un billón de pesos de lo que se recauda y ese gasto adicional básicamente se ha destinado a dos grandes rubros: el costo de la obra pública de los elefantes blancos heredados (Tren Maya, Refinería Dos Bocas, AIFA) y el incremento de las transferencias sociales (adulto mayor, becas Bienestar, etc.).
Respecto a las transferencias para los adultos mayores, el presupuesto para este año es de 483,427 millones de pesos; que teóricamente le permitiría recibir $37,200 a casi 13 millones de personas. Hoy ya no es posible verificar que todo ese dinero realmente llegue a todos los beneficiarios, porque los institutos de transparencia fueron eliminados para que el gobierno controle qué información se hace pública y cuál reserva. Tampoco ya tenemos jueces independientes del gobierno que sean un bloque de contención antes actos autoritarios.
Básicamente hoy México se convirtió en un país de callar y obedecer; en el que el gobierno te dice: te doy tus 800, 1000, o 3,200 mensuales que antes no te daban directamente y que ahora sí te doy. Y no necesitas saber más. Si vas al IMSS o al ISSSTE y no hay ni gasas o paracetamol, es porque “las farmacéuticas complotan” por no dar medicamento que no les pagan; si no hay personal en las clínicas es porque el personal de salud no es comprometido, o si hay inundaciones como las que han anegado decenas de estados y muerto decenas de personas en los días recientes y el gobierno no tiene dinero para movilizar el auxilio, es porque el fondo de desastres naturales era una “robadera”.
El pacto que persiste hoy entre el gobierno y la sociedad consiste en que, por unos pesos extras al mes, la sociedad acepta peores servicios públicos en todo. Recordemos lo que dice el refranero popular: el que parte y comparte, se queda con la mejor parte.
Por eso no sorprende que el peor desfalco de las finanzas públicas del país no sea un escándalo nacional: las propias autoridades estimaron que la importación ilegal de gasolina a México sin pagar impuestos (el llamada huachicol fiscal), se estima el saqueo en al menos 600 mil millones de pesos; que darían para darle casi 4,500 pesos a cada mexicano en mejores servicios públicos. En otras palabras: el peor desfalco documentado en el sexenio de Peña Nieto, la “Estafa maestra”, fue 78 veces más pequeño.
En algún momento, una mayoría ciudadana levantará la vista y construirá mejores instituciones. Nos urge.