VIVIENDA DIGNA

Columnas martes 30 de septiembre de 2025 -

La construcción de vivienda pública en la Ciudad de México es una urgencia, pero cualquier política pública en esta materia debe considerar el derecho a una vivienda digna y adecuada.

En los últimos años, con la mercantilización de la vivienda, su alta demanda y la escasez de tierra para su edificación, los desarrollos inmobiliarios, públicos y privados han promovido la construcción de vivienda de hasta 36 metros cuadrados.

Esto ha provocado que muchas personas vivan hacinadas, quedando expuestas a todos los riesgos y problemas sociales y de salud física y emocional que implica vivir en hacinamiento.

Para que la vivienda cumpla con su objeto social es necesario que reúna diversos requisitos que ya han sido definidos en el derecho internacional y que han sido recogido por las legislaciones de diversos países como el nuestro.

Van desde un diseño apropiado y una ubicación estratégica que este espacio sea idóneo para habitarlo, así como para el descanso, el esparcimiento y el fortalecimiento de los vínculos sociales.

Desafortunadamente, en nuestra ciudad y en toda la república mexicana, la vivienda cada vez más es considerada como una mercancía, y no como una necesidad fundamental que ha sido reconocida como un derecho humano en los instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos,Sociales y Culturales.

En este contexto, nuestra obligación como Congreso es fijar reglas claras: vivienda pública sí, pero no hacinamiento pagado con recursos públicos.

Por eso presento esta iniciativa con un objetivo concreto: que la vivienda pública que se construya en la Ciudad de México tenga como estándar mínimo 62 metros cuadrados de construcción.

Desde Acción Nacional buscamos asegurar un espacio no solo asequible para las personas que más lo necesitan, también buscamos que se establezca en la Ley de Vivienda de la Ciudad de México que toda vivienda pública debe contar como mínimo con un baño, una cocina, una estancia-comedor, una área de lavado, un espacio para la recreación y tres recámaras.

De esta manera, se permite atender las necesidades básicas de una familia promedio, evitando la sobrepoblación y promoviendo la salud física y emocional de sus habitantes.

Es necesario recordar que la Ciudad de México tiene un déficit de más de 800 mil viviendas y, precisamente, para atender esta crisis de vivienda, el Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado la construcción de 200 mil viviendas con recursos públicos.

Ante este anuncio, hace muy pertinente y oportuna la modificación a la Ley de Vivienda local que propone la presente iniciativa, a efecto de asegurar que toda la vivienda nueva que se construya, con recursos públicos o privados, cumpla con los estándares internacionales de habitabilidad de una vivienda adecuada.

Esta propuesta no es un capricho, es una exigencia de derechos humanos reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales que México ha suscrito.

La vivienda debe ser accesible, segura y suficiente.

Si queremos una ciudad más justa y sostenible, debemos comenzar por garantizar que cada familia tenga un espacio digno donde vivir y desarrollarse.

No basta con construir más departamentos; es necesario garantizar que las familias tengan un espacio suficiente para vivir con calidad.

Entregar llaves de espacios tan reducidos que no alcanzan ni para que una familia viva con dignidad, no es política de vivienda, es discriminación a los que más necesitan disfrazado de apoyo.