Venganza, ¿ausencia del derecho?

Es común que diariamente nos enteremos de situaciones que, desde el actuar colectivo e individual, buscan reivindicar el ejercicio de la seguridad pública. Por ello, pensar en que algunos escenarios habituales, como el robo a los usuarios del transporte público, han convertido a la justicia por propia mano en la opción más viable, suscita un debate que no debemos pasar desapercibido como sociedad.

La venganza es entonces, un sentimiento o emoción reactiva que se hace presente ante la incapacidad de subsanar la necesidad de justicia y que, a lo largo de siglos, ha sido el motor principal de la función punitiva que ostenta el Estado en la actualidad.

En la actualidad, el Derecho de la mano con la ciencia, sigue tratando de vislumbrar la raíz del problema, caracterizando la personalidad de los sujetos que incurren en delitos por la búsqueda de venganza. De esta manera, se busca establecer un fin que atienda la eficacia de las penas, favoreciendo consigo al progreso.

Ahora bien, cuando hablamos sobre el acceso a la administración de justicia como un derecho humano, podemos ver que, en muchas situaciones esta garantía como obligación del Estado no llega a ser aplicable a todas las personas, dejando inconclusa una reparación que cubra la totalidad de sus controversias, excediendo en algunos casos los mismos alcances del Derecho.

El artículo 17 constitucional prohíbe a su vez, la tutela o autodefensa, al establecer que toda persona para reclamar un derecho debe realizarlo sin violencia, ya que al encontrase dentro de un Estado de derecho, tiene asegurados el acceso a la administración de justicia. En virtud de lo anterior, podemos asegurar que, el Estado mexicano será el garante para que los órganos jurisdiccionales lleven a cabo la impartición de justicia, por lo que, la disposición constitucional en referencia, proscribe el ejercicio de la violencia para reclamar el derecho que ha sido transgredido.

No obstante, de acuerdo con la medición de confianza institucional realizada al público en general por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2019), los operadores del sistema de justicia son quienes se encuentran entre los peor evaluados.

De acuerdo con todo lo anterior puedo decir que nos encontramos en el seno de un periodo que ha sido marcado por una serie de profundas transformaciones de carácter cultural, social y económico, alejándonos en muchos casos, de los principios que necesitan de nuestra participación activa para cristalizar un estado de derecho que garantice el acceso y el ejercicio de los derechos en su conjunto.

Así mismo, quiero recalcar a importancia que tiene la promoción y la difusión hacia todos los sectores y grupos de la población, pues a través de su colaboración con los órganos e instituciones de los diferentes niveles gubernamentales, que podemos erradicar a la venganza como una expresión de la crisis que vive nuestra sociedad en materia de inseguridad, violencia e impunidad.