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Violencia e inseguridad: las cifras de la ignominia y su grave repercusión en la economía

Violencia e inseguridad: las cifras de la ignominia y su grave repercusión en la economía

Columnas miércoles 17 de agosto de 2022 -

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

Recientemente el país se conmocionó cuando, a través de los medios de información tradicionales e internet, se dieron a conocer las perturbadoras imágenes de personas acribilladas y tiendas comerciales, farmacias, gasolineras y vehículos de todo tipo, incendiados con bombas molotov, en las principales vialidades de Baja California, Jalisco, Guanajuato y Chihuahua. Esas imágenes dantescas, que otrora serían cotidianas en escenarios bélicos de otras latitudes, a fuerza de repetirse –ante la aparente complacencia de las autoridades encargadas de otorgar seguridad a los mexicanos–, hoy desgraciadamente forman ya parte de nuestra realidad cotidiana.

Tecate, Ensenada, Tijuana, Playa del Rosarito, Mexicali, Guanajuato capital, León, Irapuato, Celaya, Zapopan y Ciudad Juárez, fueron algunas de las ciudades que resintieron la violencia de los sicarios de los cárteles, quienes –para sembrar el pánico entre la población y los pequeños y medianos empresarios a quienes exigen pago por derecho de piso–, no dudan en utilizar el terrorismo como método de coerción. Y al parecer este método les seguirá funcionando, si tomamos en cuenta la deplorable recomendación de la presidenta municipal de Tijuana, la morenista Montserrat Caballero, quien –de forma por demás ingenua–, recomendó a los maleantes cobrar las facturas (extorsiones) “a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, porque también nosotros estamos vigilantes de ello”, como si los afectados no fuesen mexicanos con plenos derechos.

Prácticamente ningún empresario o comerciante se halla a salvo del pago del “impuesto” del crimen organizado, que va en aumento, porque no se cuenta con una estrategia efectiva para combatirlo.

En materia de seguridad, la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido las peores notas que evalúan la eficiencia de su gobierno en este rubro, aunque presuma todo el tiempo de poseer otros datos.

Hay que recalcar que la principal función del Estado es la seguridad ciudadana y de ella se derivan todas las demás. Y el fracaso en este rubro lo patentizan las cifras en torno a los más de 121 mil 655 homicidios dolosos, concentrados principalmente en 6 entidades, entre ellas Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora, así como centenares de feminicidios registrados de manera preocupante en el Estado de México, Nuevo León, Morelos, Veracruz y Aguascalientes.

Aunada a esta ola de violencia e inseguridad, que lacera a la sociedad en su conjunto, las cifras de la ignominia tienen una grave repercusión en la economía, hecho que parece no preocuparle a los detentores de los otros datos, que pregonan cotidianamente su desacertada estrategia de “abrazos, no balazos”.

Fernando Cafferata, subdirector del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) aseguró que Latinoamérica concentra el 9 por ciento de la población mundial y el 24 por ciento de los homicidios que ocurren en el mundo y en términos de costos, este delito representa el 4 por ciento del PIB, que es más o menos lo que la región gasta en infraestructura.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que tan sólo el año pasado se registraron 9 mil 407 víctimas de extorsión, un incremento del 12.3 por ciento respecto a 2020 cuando la cifra fue de 8 mil 380.

El periódico El País reportó que, dentro del sector empresarial, la extorsión es el tercer delito más frecuente, sólo detrás del robo de mercancía y el hurto de vehículos. De acuerdo al medio español, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza –representante de más de 36 mil empresas–, aseguró que las organizaciones criminales se han sofisticado ante la crisis económica derivada de la pandemia y ahora también hacen uso de los dispositivos móviles para engañar a sus víctimas. La minería fue el sector económico más afectado por la extorsión (25 por ciento), luego el sector restaurantero, el hotelero (23) y los servicios de salud. La microempresa fue la que más daños resintió por este delito.

Medina Mora hizo hincapié en que la cifra récord de víctimas, derivadas de las denuncias hechas ante el Ministerio Público son apenas la punta de iceberg de un delito que, según sus cálculos, sólo supone el 1 por ciento de los casos en el país, por lo que existe una incidencia real de más de 940 mil extorsiones por año –indicó El País, y agregó que “sus números no están alejados de los datos oficiales, pues de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del Inegi, en 2019 se reconocieron 912 mil delitos de extorsión a negocios y empresas en el país. En ese año, el 92 por ciento de los casos se perpetró vía telefónica”.

El turismo, uno de los sectores que más divisas genera en México, seguramente también resentirá más temprano que tarde, esta disfuncionalidad generada por la violencia, que igualmente tendrá efectos severos en la economía. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos lanzó recientemente advertencias de alerta para sus connacionales, muy similares a las emitidas para algunos países como Ucrania, Iraq, India, Hungría, Colombia, Israel, Armenia y Honduras.

La estrategia de los grupos del crimen organizado –algunos les llaman narcoterroristas–, es precisamente utilizar el pánico social para beneficiarse y obtener mayor potestad entre la población, incluso por encima de las instituciones creadas justamente para garantizar su seguridad. Las Fuerzas Armadas y las agrupaciones policiacas parecen haberse doblegado ante estas acciones.

Algunos se han aventurado a señalar que esta ola de extrema violencia de los últimos días fue resultado de un operativo del Ejército para capturar a los participantes de una reunión de dirigentes del denominado Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Otros más, comentan que la violencia fue generada por una disputa entre diversos grupos de la delincuencia organizada.

Sin embargo, sea cual sea el origen de este frenesí criminal, lo cierto es que, si no se logra revertir, inexorablemente se extenderá y copará al país entero. Si los responsables de salvaguardar la integridad y el patrimonio de los mexicanos no actúan, los resultados serán inimaginables, como irreparable será el daño a la economía nacional por la inseguridad.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM


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