CPI: El Derecho (Internacional) como esperanza

Columnas martes 21 de julio de 2026 -

El 1.º de junio de 2026, un documento de 82 páginas llegó por correo electrónico a la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. No era una denuncia común; es una disección técnica y desgarradora de la realidad mexicana reciente.

Con la firma de Germán Martínez Cázares, con el respaldo del Partido Acción Nacional, del que el michoacano fue Jefe Nacional (y exdirector del IMSS en el Gobierno de AMLO), el texto solicita la apertura de un examen preliminar por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.

La tesis central del documento panista es tan innovadora como oprobiosa: el Estado mexicano habría incurrido en una “aquiescencia transaccional”. Según los peticionarios, ya no estaríamos ante casos aislados de corrupción, sino ante una política deliberada de inacción y colaboración donde el Estado habría cedido, de facto, su monopolio de la violencia a organizaciones criminales como las del narcotráfico, grupos que han mutado en entes cuasi-estatales que cobran impuestos, administran justicia e inciden en elecciones.

El expediente documenta un catálogo ominoso: 132,400 desaparecidos, masacres con fines comunicativos y el uso de armamento bélico, como drones y minas antipersonales, contra población civil en Michoacán y Chiapas. Especial énfasis recibe la violencia electoral, registrando 176 asesinatos en el ciclo 2023-2024, lo que evidencia la penetración del crimen en las raíces mismas de la democracia.

El texto panista sostiene que la CPI debe intervenir debido al “colapso sustancial” del aparato de justicia mexicano, agravado por la reforma judicial de 2024 que, al sustituir la carrera judicial por la elección popular, habría eliminado las garantías de independencia para procesar a los altos mandos responsables. Entre los señalados por responsabilidad penal individual se encuentra el expresidente López Obrador, bajo la premisa del incumplimiento de su deber de garante y por la implementación de una política que habría permitido el fortalecimiento de un orden paraestatal.

El documento blanquiazul no es solo una petición jurídica; es el testimonio de una nación que busca en tribunales extranjeros el derecho a la verdad y a la justicia que no consigue en suelo propio. En sus líneas se lee el eco de miles de padres y madres buscadoras, periodistas bajo persecución y jóvenes reclutados por la fuerza.

Creo que la historia de estos años en México parece aguardar aún una sentencia definitiva. Si la justicia es, como decían los antiguos, la constante voluntad de dar a cada quien su bien, este llamado a La Haya parece buscar devolverles a víctimas y deudos su dignidad y al Estado su soberanía lesionada. Es que cuando la ley calla ante el estruendo de las balas y el silencio de los pactos se torna ensordecedor, solo la mirada del mundo podría, quizá, romper el ciclo de la impunidad.

X: @ElConsultor2