El árbitro de la verdad

Columnas lunes 10 de agosto de 2026 -

Le están vendiendo una idea seductora, que el Estado protegerá su derecho, como integrante del público, a recibir información veraz, y por eso voy a dedicarle dos entregas, porque debajo de esa promesa amable late una de las operaciones más delicadas que un gobierno puede intentar: reservarse la facultad de decidir cuál es la verdad.

El debate se está achatando a una sola pregunta, si esto es censura o no lo es, y esa pregunta le conviene al poder, porque siempre podrá responder que ningún artículo ordena callar a nadie, cuando lo que de verdad está en juego no es la prohibición sino algo más fino, quién decide qué es cierto y qué está, a juicio de la autoridad, sacado de contexto, porque quien se queda con esa potestad conserva el poder de moldear lo que el país entiende por realidad.

Ahora bien, que existan defensorías, derecho de réplica o reglas para separar la noticia de la opinión no es el problema, porque combatir la mentira es un fin legítimo y usted, como parte de la audiencia, tiene derechos reales, de modo que el reparo no va contra el fin, va contra el método con que este proyecto pretende alcanzarlo.

El método esconde una trampa, porque informar es, por su naturaleza, elegir, seleccionar un hecho, jerarquizar otro, dejar fuera lo que no cabe, de manera que no existe un contexto completo y neutro contra el cual un funcionario pueda medir lo que faltó, y en el instante en que alguien con autoridad decide cuánto contexto era suficiente, ese alguien fija, para todos, la versión oficial de los hechos. Una investigación puede quedarse corta sin ser mentira, y una columna puede tomar partido sin engañar, pero el proyecto trata esas decisiones editoriales como si fueran faltas por corregir.

Y hay un renglón que debería encender todas las alarmas, el que prohíbe presentar información histórica como si fuera actual, porque recuperar el pasado para entender el presente es precisamente lo que hace el periodismo y lo que hacemos todos cuando discutimos de política, así que castigar eso es sancionar la memoria y la interpretación, que son el oxígeno de una conversación libre.

Conviene decirlo claramente, exigir por decreto información veraz suena impecable hasta que uno pregunta quién califica la veracidad, y ese punto ya lo resolvió el sistema interamericano al declarar que condicionar de antemano la expresión a su veracidad es incompatible con la libertad de expresión, porque el remedio contra la mentira nunca ha sido un árbitro oficial de la verdad, sino más voces que la desmientan.

Aquí está lo verdaderamente astuto, que para silenciar ya no hace falta prohibir, basta con encarecer, porque cuando un medio sabe que una nota puede costarle una multa y un procedimiento, no siempre la calla, a veces solo la suaviza, y esa autocensura callada, que nadie ordena y que por eso nadie confiesa, resulta mucho más eficaz que cualquier tijera. El daño no se ve, consiste en la investigación que no continúa y en la pregunta que alguien decide, por prudencia, no hacer.

En lo esencial, no le están retirando un ruido molesto, le están entregando al poder la llave de lo que usted puede escuchar, y eso, envuelto en el lenguaje de sus derechos, es un despojo, no una tutela. Nada de esto es nuevo, otros gobiernos ya ensayaron antes esta misma gramática, y en la próxima entrega le contaré cómo termina siempre esa película.

Obiter dicta. Desconfíe siempre del poder que se ofrece a decidir, por su bien, qué es verdad.