La Global Magnitsky Human Rights Accountability Act entró al debate mexicano después de que Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y senador, informó este 10 de agosto que presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos una denuncia para que se revisen las actuaciones de tres consejerías del INE.
La acción ocurre después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto ordenara retirar nueve publicaciones en las que Moreno calificaba a Morena como “narcopartido”. El priista considera que la medida constituye censura y pidió que la actuación de las y el integrante de la Comisión sea examinada bajo la legislación estadounidense.
La Global Magnitsky no es una policía internacional ni un tribunal estadounidense que pueda anular decisiones de autoridades extranjeras. Es una herramienta de sanciones selectivas de Estados Unidos para castigar, desde el punto de vista de su política exterior, a personas extranjeras relacionadas con graves violaciones de derechos humanos o actos significativos de corrupción.
La Ley fue aprobada en 2016 y posteriormente fue implementada y ampliada mediante la Orden Ejecutiva 13818 en diciembre de 2017. El Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), es una de las autoridades que administra las sanciones.
Si una persona es incluida en la lista de sancionadas, sus bienes e intereses patrimoniales sujetos a jurisdicción estadounidense pueden quedar bloqueados. Además, las personas y empresas estadounidenses, en términos generales, tienen prohibido realizar determinadas operaciones con ella; también pueden existir restricciones migratorias o de visa.
Uno de los casos previos más llamativos es el del juez brasileño Alexandre de Moraes, acusado de graves abusos relacionados con detenciones arbitrarias y restricciones a la libertad de expresión y sancionado en julio de 2025. Sin embargo, en diciembre de 2025 Washington retiró su nombre de la lista de sancionados.
Este antecedente permite entender tanto el alcance como los límites de Magnitsky: Estados Unidos puede imponer consecuencias financieras o migratorias a determinadas personas extranjeras, pero no sustituye a los tribunales ni a las autoridades electorales del país donde ocurrieron los hechos.
Hay una dato fundamental: una denuncia no equivale a una sanción. Que Alejandro Moreno haya solicitado al Gobierno estadounidense revisar la conducta de las Consejeras y el Consejero no significa que ya hayan sido sancionadas y sancionado, investigados formalmente o considerados responsables por Estados Unidos.
En el caso mexicano, por tanto, la pregunta central no es si Moreno puede presentar una denuncia, sino si las autoridades estadounidenses consideran que existen elementos que encuadren la conducta denunciada en los estrictos criterios de Global Magnitsky. Una controversia electoral o una medida cautelar sobre propaganda política, por sí sola, no convierte automáticamente a un funcionario extranjero en candidato a una sanción Magnitsky y menos si se sustanció, argumentó y dictó desde la ley electoral vigente.
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