¿Por qué un compromiso político con los DDHH?

Columnas jueves 12 de octubre de 2023 -

La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación los días 6 y 10 de junio de 2011 supone la implementación de un nuevo constitucionalismo en el ordenamiento jurídico mexicano. Su finalidad desde la Teoría de la Constitución es que en el sistema normativo se desarrollen 3 características: i. Construir una nueva cultura constitucional de los derechos humanos; ii. Establecer la visión y operación de un Estado que trabaja a partir de esos postulados concretos, considerándolos no solo como enunciados estructurantes sino como mandatos vinculantes y directos que obligan a todas las autoridades, sin importar a qué poder u orden pertenecen, a adoptar una conducta proactiva en su defensa; y, iii. Transitar de un sistema positivista cerrado que se compone de reglas jurídicas exclusivamente, a otro dúctil que se integra por principios constitucionales aplicables a todo el sistema.

La reforma implica la sustantivización definitiva del sistema jurídico-político que concretiza valores y principios deónticos en el ordenamiento que, como expresa Gomes Canotilho, viene a cumplir una función esencial en la vida del Estado. Esa función consiste en dotar de legitimidad material a todo el sistema en tanto ordena que las instituciones estatales no se limiten a un mero ejercicio de competencias, sino que éstas deben estar dirigidas al servicio de la persona, su dignidad y proyecto de vida, conjunto que sintetiza el sentido de la democracia en la vertiente sustantiva.

El gran problema que enfrentamos es que esta modificación constitucional no ha logrado consolidarse en nuestro ordenamiento, debido a la línea general de actuación adoptada por los poderes públicos que trasluce que para éstos -parafraseando a Dworkin- hablar de derechos humanos equivale a una serie de normas intemporales almacenadas en algún depósito en espera de que los tribunales las descubran. El siguiente aspecto que ha generado este desapego a la materialización de la eficacia plena de los DDHH es la imposibilidad que tenemos para -como señaló Rawls- construir una razón pública sobre la eficacia de estos derechos y su infranqueable límite como causa eficiente para legitimar el ejercicio del poder político.

A más de una década de la reforma constitucional en materia de DDHH no hemos sido capaces de consolidar de manera razonablemente consistente, estable y continua los derechos, libertades y oportunidades básicas, especialmente de quienes viven bajo condiciones de desventaja y sufren discriminaciones estructurales. Bajo este panorama, como ha sugerido el profesor Bruce Ackerman, la reforma en materia de derechos humanos no ha pasado más allá de ser un eslogan conceptual conveniente y simple para la “transformación” de un Estado de Derecho a un constitucionalismo de los derechos, por lo que no sería un exceso decir que, en el extremo, el centro de la reforma se ha tornado en una banalidad.

Por estas razones -aunque no son las únicas- es urgente que la sociedad mexicana exija a sus poderes y a quienes los detentan, que asuman al fin su compromiso político con los DDHH. De lo contrario, la finalidad perseguida por el Poder Reformador que consistió en implementar un modelo fuerte de democracia sustantiva, lo que se traduce en un mandato para que los órganos del poder político traten a todos los miembros de la comunidad, en tanto personas, con igual consideración y respeto, seguirá siendo una carta de buenas intenciones.