Ante el embargo camaronero de Estados Unidos, México da una respuesta inmediata y firme
Columnas jueves 06 de mayo de 2021 - 01:00
La noticia de la suspensión de la certificación de camarón de altamar a México por parte de Estados Unidos, no tomó por sorpresa al gobierno mexicano, pues ya había instrumentado diversas acciones para hacer frente a la medida y buscar la recertificación lo antes posible.
Cabe recordar que cada año, el Gobierno de Estados Unidos publica en su Registro Federal la certificación de los países que pueden importar camarón a su mercado, como parte de su política para reducir la captura incidental de tortugas marinas con el uso de dispositivos excluidores.
Así, entre noviembre de 2019 y enero de 2021, elementos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y el Departamento de Estado de ese país verificaron los puertos de Mazatlán, San Blas, Puerto Chiapas, Salina Cruz, Puerto Peñasco, Tampico, Lerma y Puerto Juárez y encontraron deficiencias en alrededor de 106 redes observadas, por lo que se emitió la suspensión sólo al camarón de altamar.
En respuesta, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que encabeza Víctor Villalobos Arámbula y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) al mando de Octavio Almada Palafox, están llevando a cabo acciones preventivas y correctivas, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Marina.
Estas dependencias iniciaron semanas atrás un programa de concientización y capacitación a fabricantes de redes sobre la construcción, instalación y operación eficiente de los dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas y los Excluidores de Peces.
Estos cursos-taller se impartieron durante abril en Mazatlán, Topolobampo, Guaymas, Puerto Peñasco, Salina Cruz y Puerto Chiapas y continuarán este mes en Tampico, Tamaulipas y la ciudad de Campeche.
Además, dan seguimiento a los procedimientos de calificación de infracciones y dejaron en claro que desplegarán un programa más agresivo de inspección y vigilancia.
Y es que, de acuerdo con el artículo 133 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, el no utilizar excluidores implica una multa de hasta 141 mil 700 pesos como pena máxima e incluso el decomiso precautorio de vehículos, artes de pesca y/o productos obtenidos.
Un punto a favor es el entendimiento y apertura de las autoridades de Estados Unidos, las cuales han mostrado disposición para regresar la certificación, con lo cual se abre un espacio de diálogo entre ambos países en la agenda común.
Así, con las acciones llevadas a cabo por las autoridades del sector como los cursos, la concientización y una inspección más agresiva, aunado a la disposición del sector pesquero, es posible recuperar la certificación en septiembre próximo, en beneficio de esta pesquería que genera empleos y divisas para México.
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/CR
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