Los efectos de Ágatha
Al final Ágatha terminó en una depresión tropical, pero sus efectos tuvieron víctimas, ocho al menos, era el reporte de las autoridades oaxaqueñas hasta ayer por la noche.
Sin embargo sus efectos también se pudieron observar en otras entidades como Tapachula, Chiapas donde miles de migrantes se congregaron en el parque Bicentenario de la localidad, para iniciar con la elaboración de listas y entregarlas al Instituto Nacional de Migración (INM).
Los extranjeros buscan que con este protocolo que iniciaron, las autoridades mexicanas depuren la entrega de visas humanitarias, que les permitan transitar libremente por México y llegar a la frontera norte.
Las fuertes lluvias han complicado la tarea de más de dos mil migrantes, originarios de Centroamérica, Cuba y Sudamérica; pese a esto se han elaborado los papeles necesarios que serán promovidos ante la instancia migratoria.
Poco a poco, más migrantes se acumulan en la frontera sur, la mayoría provenientes de Guatemala donde han denunciado extorsiones para que los dejen avanzar hacia Chiapas.
Las lluvias en Chiapas han impedido también que se concrete el avance de un numeroso grupo de internacionales en caravana.
Los extranjeros buscarán agilizar la entrega de las listas y la exigencia al gobierno federal, para poder salir hacia el centro y norte del país. Buscan salir cuanto antes ante la noticia de la movilización de miles de personas desde centro y Sudamérica en ruta hacia Chiapas.
Estos fenómenos meteorológicos son han dejado nuevamente al descubierto la naturaleza de olvido y falta de preparación del gobierno federal para ir a atender de manera prioritaria y sobre todo, activar medidas preventivas como en administraciones “neoliberales” se lleva a cabo.
VENTANAL
Con un llamado a limpiar de violencia el poder en Yucatán, el Congreso del Estado aprobó de manera unánime la iniciativa 3 de 3 para que ningún agresor de mujeres o deudores alimentarios ocupe cargos de representación popular o puestos de designación en las instancias gubernamentales.
El dictamen establece que no podrán ser servidores públicos aquellas personas con antecedentes penales en violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio, o que sean deudores alimentarios morosos.
Al declarar que se requieren representantes públicos dignos, la diputada del PAN, Carmen González Martín, explicó que la iniciativa no es violatoria de las garantías individuales o un instrumento de revanchas políticas, ni tampoco tiene dedicatoria, más bien tiene que ver con un mecanismo útil para limpiar las instituciones de agresores.