En Palacio Nacional, a veces, las historias verdaderamente importantes ocurren lejos de los reflectores. Pasillos silenciosos, salones altos donde el eco del mármol parece amplificar historias que pocos conocen. Fue ahí, hace algunos años, cuando un empresario mediano del ramo alimentario —uno de esos que compiten cuesta arriba contra un sistema diseñado para que nunca ganen— descubrió que aún quedaban funcionarios dispuestos a barrer con la corrupción.
En tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la instrucción era clara: limpiar la corrupción de arriba hacia abajo. El problema es que no todos los altos funcionarios querían barrer; algunos solo aspiraban a cambiar de dueño la escoba. Y mientras eso ocurría, varias empresas del viejo régimen siguieron obteniendo contratos millonarios. La inercia neoliberal resistía envuelta en nuevas formas, nuevos discursos y viejos vicios.
Ahí entra la figura de Raquel Buenrostro, hoy Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Su trayectoria tiene una constante: identificar trampas, simulaciones y arreglos disfrazados de procedimientos administrativos. Cuando fue Oficial Mayor de Hacienda, su misión era clara: intervenir en las zonas donde la corrupción no era incidente, sino constante. Y lo hizo.
El empresario en cuestión cargaba años de derrotas administrativas: mejores precios, mejores controles, mejores alimentos, pero, cuando ya estaba decidido para quién sería el contrato, no había propuesta técnica capaz de mover la voluntad política. Aun así, perseveraba. Competía. Y cuando ocasionalmente lograba ganar, comenzaba una segunda batalla contra funcionarios que hacían lo imposible por recordarle que él no era “el seleccionado”: retrasos, trabas, excusas. El costo por no ser parte del club.
Lo que nunca imaginó fue recibir una llamada citándolo en Palacio Nacional. Entró por la puerta lateral, cruzó el patio y fue conducido a uno de los salones formales donde ya lo esperaban directivos de una dependencia federal. Minutos después, Buenrostro entró sin escolta ni protocolo exagerado. Abrió una carpeta, lo miró y lanzó la pregunta que no esperaba:
—Ya revisé tus antecedentes y tu oferta. ¿Puedes con el servicio? Estás muy por debajo en precio. ¿De verdad puedes?
Él respondió que sí. Nervioso. Sorprendido. Honesto.
El contrato llegó. Cumplió. Y con eso, molestó a muchos.
Pero Raquel se fue de la SHCP y el polvo volvió. Como suele pasar, algunos funcionarios retomaron el refrán clásico de la burocracia mexicana: quítate tú para que me ponga yo. Con el tiempo, al empresario intentaron sacarlo del camino: una supuesta irregularidad de una empresa pequeña con la que se había asociado años atrás fue usada para inhabilitarlo un año. Hoy batalla jurídicamente para limpiar su nombre.
Cada vez que enfrenta una injusticia, recuerda aquella reunión en Palacio. La primera vez que vio a una funcionaria imponerse a la ilegalidad disfrazada de procedimiento. Un acto simple, pero excepcional en su efecto: aplicar la ley sin doblarse.
Ahora, con su designación por la presidenta Claudia Sheinbaum al frente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, muchos empresarios medianos —los que no viven del presupuesto ni del amiguismo— sienten que algo puede recomponerse. Porque Buenrostro tiene una particularidad que pocos en la alta administración pueden acreditar: sabe dónde se esconde el polvo y conoce por nombre a quienes nunca quisieron barrer.
Solo necesita el respaldo político para hacerlo desde arriba, y también desde abajo. Porque el reto no es menor: desmontar décadas de estructuras paralelas que sobrevivieron sexenio tras sexenio, independientemente del color, del discurso o del proyecto.
En México no basta con barrer: hay que impedir que otros escondan la basura bajo la alfombra.
ENTRE GITANOS
CONTINGENCIAS Y VERIFICACIONES
Esta larga contingencia ambiental, nos hace recordar que millones de autos que circulan diariamente en la CDMX, realizan la verificación vehicular en entidades vecinas, donde los controles, la corrupción y la poca tecnología, no garantizan que los autos respeten el límite de las emisiones. Ya lo dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, urge avanzar hacia una verificación metropolitana.
*Especialista en Ciencia Política y Gobierno.
avilezraul@hotmail.com