Dilemario para un nuevo sexenio

Hay quien ve el Derecho como una práctica social aspiracional de tal manera que no se le puede concebir adecuadamente sino en términos de su verdadera vigencia y eficacia y del cumplimiento democrático de sus fines auténticos: paz social, bien común, justicia, seguridad y orden, claro, pero principalmente, libertad humana en dignidad.

Por ejemplo, en El Significado Político del Derecho, Josep Vilajosana considera que la identidad de los órdenes jurídicos es una función de la identidad de los regímenes políticos. Dicho de otra manera, para conocer en realidad el alma y fibra de la coalición que controla el gobierno o el congreso (o ambos, como en México en 2024), debemos interpretar los mensajes que manda en tres grandes vectores: las normas que crea, las que reforma y, sobre todo, y esto lo afirmo yo y no el autor, las que no toca. Esas decisiones sin duda imparten cierta esencia clasificatoria en el concierto internacional como nación libre y democrática.

En estos tiempos de cambio político en México y en los que se están reformulando en todo el planeta concepciones políticas y jurídicas otrora intocables como Derecho, Constitución, Democracia y Derechos, tenemos que elevar el umbral de exigencia a nuestro marco jurídico. Este día que inician un nuevo sexenio y una nueva administración pública federal, propongo un listado de ajustes o innovaciones a nuestra arquitectura normativa.

Atemperar las más ásperas aristas del modelo económico, en especial aquellas que en lugar de distribuir mejor la riqueza la concentran y profundizan la brecha entre ricos y pobres. La constitucionalización de algunos programas sociales es un excelente “saque”.

La seguridad social y la salud pública también encarnan retos superlativos que deben desembocar en ajustes normativos que tiendan a la universalidad pero sin comprometer la salud e integridad de las finanzas públicas.

Regular con seriedad y rapidez, antes de que nos rebasen, la gobernanza de las Tecnologías de la Información y Comunicación, en especial de la inteligencia artificial, de la ciberseguridad y del cibercrimen.

Traer al siglo XXI la protección del medio ambiente y el reproche a quien lo dañe, por acción u omisión, pero poniendo especial énfasis en los instrumentos disuasivos por encima de los punitivos.

Declarar, mediante reforma constitucional, que son fundamentales los derechos a vivir una vida libre de violencia, de corrupción y de pobreza.

Con el inminente cambio en nuestros Poderes Judiciales, garantizar nuevos derechos como el derecho a la buena administración, a recibir cuentas, al buen gobierno; el derecho a la Ciudad, al acceso al agua, a la identidad. Igualmente, reconocer nuevas ramas del Derecho como el Derecho de la Integridad Pública o la que dispone expresamente los deberes del Estado en materia de prevención y recuperación ante desastres naturales o emergencias sanitarias. Avanzaré el próximo jueves 3 de octubre.

@ElConsultor2

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