El sentido del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Columnas martes 07 de julio de 2026 -

El próximo año comenzará una de las transformaciones más importantes que ha vivido la justicia mexicana en las últimas décadas: la implementación plena del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Para muchos abogados significará aprender nuevas reglas; para juzgadores y litigantes, modificar la manera de conducir los procesos; para las universidades, replantear la formación de las nuevas generaciones de juristas.

Toda norma nace para responder a un problema concreto. Si olvidamos cuál era ese problema, corremos el riesgo de creer que el derecho existe para sí mismo, cuando en realidad existe para servir a las personas, la justicia civil y familiar representa quizá el mejor ejemplo de ello a diferencia de otras materias, aquí los expedientes no sólo contienen documentos contienen historias de vida.

Por eso, cuando un ciudadano cruza por primera vez la puerta de un tribunal, no espera conocer la técnica procesal, ni descubrir la complejidad del procedimiento, espera algo mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más difícil de ofrecer: Justicia. Esa expectativa obliga a replantear una idea que durante mucho tiempo dimos por sentada, la función del proceso nunca ha sido convertirse en el protagonista, el verdadero protagonista siempre ha sido la persona que acude al Estado buscando una solución.

Precisamente ahí encuentra sentido la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque su verdadera importancia no radica únicamente en establecer audiencias orales, fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias, incorporar herramientas tecnológicas o unificar los procedimientos en todo el país, sino en que por primera vez en materia civil y familiar, el sistema procesal coloca a la persona en el centro de la justicia, nos recuerda que un procedimiento no existe para satisfacer la lógica interna del derecho, sino para resolver conflictos humanos de manera pronta, efectiva y comprensible.

En otras palabras, el Código Nacional no pretende únicamente modernizar la forma de tramitar un juicio; busca transformar la manera en que concebimos el acceso a la justicia civil y familiar, y esa diferencia es enorme. La historia demuestra que cada generación tiene la responsabilidad de adaptar el derecho a las necesidades de su tiempo, la nuestra viene aparejada con cambios a la norma adjetiva que priorizan la solución de las controversias de una manera ágil y eficiente, lo demás depende de la aplicación del juzgador.