Más allá del simulacro nacional antisísmico

Columnas miércoles 19 de abril de 2023 -

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

Hoy, 25 millones de mexicanos participarán en el Primer Simulacro Nacional 2023, cuyo propósito principal es identificar la capacidad de respuesta de las instituciones del gobierno y de la gente ante la eventualidad de una emergencia por los daños ocasionados por un terremoto.

Este tipo de ejercicios son muy importantes en países como el nuestro, en el que la fuerza de la naturaleza ha mostrado su poder destructor con sismos de gran magnitud, como el registrado en 1985 que dejó miles de muertos, heridos y más de medio millón de personas sin hogar.

La experiencia nos ha enseñado que los desastres naturales ocasionados por los terremotos pueden repetirse incluso en la misma fecha, como ocurrió el 19 de septiembre de 2017 y en 2022. Por ello, es indispensable que el gobierno federal impulse nuevas políticas públicas que ayuden a mitigar los efectos de los terremotos y a prevenir los riesgos.

En países como Japón preparan a la población para enfrentar los desastres y cuentan con una estrategia de apoyo que contempla ayuda pública, comunitaria y autoayuda, además de los planes regionales para la gestión de estos fenómenos y el Plan Fundamental de Resiliencia Nacional, de reconstrucción y de gobernanza inclusiva. Es importante mencionar que para este país la protección civil es una de sus más importantes prioridades, por lo que ocupa el primer lugar en los presupuestos públicos, lo que le asegura los fondos suficientes para los programas de prevención y reacción.

En México, por ejemplo, el mismo gobierno ha identificado que las principales debilidades que tenemos es la falta de presupuesto, deficientes planes y programas de protección civil en los gobiernos locales y municipales, la desvinculación entre los tres órdenes de gobierno, escaso ordenamiento territorial, carencia de análisis de riesgo para la construcción de infraestructura y un sistema débil de sanciones por incumplimiento de las disposiciones en materia de protección civil.

De ahí que es importante que el Poder Legislativo actualice las leyes de construcción para modificar las reglas de edificación, reforzar las estructuras de hospitales y escuelas, así como los puentes y autopistas para evitar riesgos y proteger a la población, además de brindar una adecuada y constante capacitación al personal para reducir la improvisación y responder de manera inmediata y eficaz a la ciudadanía. Se debe igualmente fortalecer la cultura de protección civil y la coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), así como las acciones preventivas y de inclusión de los sectores privado y social en este sistema.

El gobierno no debe olvidar que, en una situación de emergencia, la responsabilidad del Estado es proteger la vida de la población, sus bienes, la planta productiva y el medio ambiente. No podemos enfrentar desde cero los daños ocasionados por los sismos; tenemos que aprender de los golpes que hemos sufrido durante los movimientos telúricos.

México parece haberse alejado del progreso alcanzado en países como Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Chile en cuanto a edificaciones sismo-resistentes se refiere, que han fortalecido sus estándares de construcción y desarrollado mecanismos que no solo previenen la pérdida de vidas y la parálisis de la actividad productiva, sino también los costosos procesos de reconstrucción.

Hoy en día, nuestro país enfrenta un desafío formidable al lidiar con los devastadores efectos de los temblores que azotan su territorio. Lo preocupante no radica únicamente en la intensidad de los sismos, sino también en la falta de implementación de normas antisísmicas internacionales en la construcción de viviendas, departamentos y edificios.

La corrupción en este sector ha generado un ambiente en el que se desatienden regulaciones vitales como la ejemplar norma chilena NCh 433, basada en las experiencias de Japón y Estados Unidos, específicamente en el código ACI 318 de la Association Concrete Innovation de E.U., que se estableció con el objetivo de garantizar que ningún edificio colapse, independientemente de la magnitud del sismo, y que las personas puedan evacuar sus inmuebles sin correr riesgos mayores.

El verdadero problema no solo yace en la intensidad de los sismos, sino en la deficiente calidad de los materiales utilizados, la falta de tecnología sismo-resistente y, en gran medida, la corrupción que prevalece en las entidades encargadas de supervisar las edificaciones y hacer cumplir la ley. Una investigación realizada por el portal Sin embargo.mx revela que, ante la corrupción en la construcción de obras –especialmente en casos de sismos intensos que afectan severamente a la población–, el Colegio de Arquitectos propone medidas como la transparencia y actualización en los planes de desarrollo urbano, las licencias de construcción y la simplificación de los reglamentos.

En última instancia, es crucial para México abordar este problema y combatir la corrupción en la construcción, adoptando y aplicando normas antisísmicas internacionales como la norma chilena NCh 433. Solo entonces se podrán garantizar estructuras más seguras y resilientes ante los terremotos, protegiendo así la vida y el bienestar de sus habitantes. Los simulacros no solo deben enseñarnos a evacuar inmuebles y a proteger nuestra integridad; también es indispensable que, ante este tipo de emergencias, las autoridades actúen de inmediato, protejan vidas y garanticen el restablecimiento de los servicios esenciales y la infraestructura pública en las zonas afectadas.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM