Michoacán entre huertas y amenazas

Columnas miércoles 12 de agosto de 2026 -

La crisis que enfrentan los productores de aguacate en Michoacán no puede entenderse únicamente como un problema de comercio exterior. Detrás de cada suspensión de exportaciones, de cada amenaza y de cada extorsión existe una realidad más profunda: la incapacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de seguridad a quienes sostienen una de las actividades económicas más importantes de la entidad.

El rentable impuesto criminal y las amenazas de los grupos delincuenciales obligaron a suspender las exportaciones hacia Estados Unidos y colocaron el problema bajo los reflectores. Hace tiempo la Fiscalía General de Michoacán reveló que, hasta 18 mil millones de pesos anuales obtienen los cárteles por el cobro de piso a productores de aguacate y limón en Michoacán.

Detalló que Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) considerado uno de los supuestos coautores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo, obtenía alrededor de 7 mil 200 millones de pesos únicamente por las cuotas aplicadas al aguacate.

Juan Carlos Venegas, empresario del sector, ha denunciado la gravedad de las amenazas que enfrentan los productores, alcanzado niveles críticos, evidenciando el fracaso de las estrategias de seguridad actuales, dejándolos atrapados entre la inseguridad y la incertidumbre comercial.

Sin duda, esa falta de claridad no es un asunto menor. Cuando la seguridad de personas, trabajadores e instituciones extranjeras está en riesgo, la comunicación oficial debe ser precisa, transparente y responsable. La incertidumbre alimenta la desconfianza y, en un sector tan expuesto a los mercados internacionales, también puede convertirse en un problema económico.

Pero sería un error reducir la discusión a la relación comercial con Estados Unidos. El verdadero desafío está dentro de Michoacán. Los productores no deberían tener que elegir entre continuar trabajando bajo el riesgo de ser extorsionados o abandonar una actividad que representa empleos, ingresos y desarrollo para miles de familias.

La existencia del llamado “Plan por la Paz y la Justicia de Michoacán” tampoco puede evaluarse por sus anuncios, sino por sus resultados. Si las extorsiones continúan, si los productores siguen sintiéndose vulnerables y si la violencia mantiene su capacidad para alterar incluso las cadenas de exportación, entonces es legítimo preguntar qué está funcionando y qué debe corregirse.

La seguridad no puede medirse únicamente por el número de operativos desplegados, patrullas movilizadas o comunicados emitidos. Se mide en la posibilidad de que un productor llegue a su huerta, trabaje, transporte su cosecha y comercialice su producto sin recibir amenazas ni pagar cuotas ilegales.

El reto para las autoridades no es únicamente conseguir que el aguacate vuelva a cruzar la frontera. Es conseguir que quienes lo producen puedan hacerlo sin miedo. Esa debería ser la verdadera medida del éxito de cualquier estrategia de seguridad.

@guillegomora