Operativo Enjambre: La punta del iceberg del control criminal en México

El viernes 22 de noviembre se dio a conocer la ejecución del Operativo Enjambre en el Estado de México, en el cual fueron aprehendidos diversos funcionarios municipales, incluyendo presidentes municipales, directores de seguridad pública y otros servidores públicos. Estos funcionarios están señalados por su presunta vinculación con grupos delictivos y su probable participación en actividades ilícitas.

El operativo fue llevado a cabo en conjunto por fuerzas de seguridad federales y locales,que incluyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Entre los delitos atribuidos a los detenidos se encuentran extorsión, secuestro exprés y homicidio. Los municipios implicados incluyen Amanalco, Santo Tomás, Tonatico, Chicoloapan, Ixtapaluca, Tejupilco, Naucalpan, Coacalco, Jilotzingo y Texcaltitlán.

Aunque resulta difícil dimensionar con precisión el alcance de esta red de protección, el operativo pone en evidencia lo que muchas veces se menciona de manera superficial: la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales locales.

El reciente operativo resulta sorpresivo, ya que representa un cambio en la estrategia de seguridad que predominó durante el sexenio anterior, caracterizada por la política de "abrazos, no balazos". Esa política prácticamente dejó de lado la realización de operativos de gran escala, así como la detención de capos del narcotráfico o de funcionarios vinculados con el crimen organizado. Este viraje estratégico marca al parecer una nueva postura del gobierno federal frente a los desafíos de la seguridad pública.

Uno de los principales retos ahora será desentrañar el modus operandi de estos grupos criminales y la naturaleza de la protección que recibían por parte de los funcionarios municipales implicados. Resulta especialmente relevante analizar este fenómeno en el contexto del Estado de México, un territorio que, aunque enfrenta problemas de inseguridad, no ha sido catalogado como una de las entidades con las crisis de violencia más agudas, especialmente si se compara con estados como Sinaloa o Guerrero.

En Guerrero, la gravedad de la situación ha alcanzado niveles críticos, donde el control territorial y económico por parte de grupos del crimen organizado ha llevado incluso a la intervención de la Iglesia. Esta institución ha fungido como mediadora en un esfuerzo por establecer treguas entre grupos criminales que ejercen un dominio absoluto en diversas comunidades, afectando tanto la vida cotidiana como las actividades económicas locales.

Otro aspecto que merece atención es la creciente vulnerabilidad de los funcionarios públicos ante el poder del crimen organizado. Los riesgos que enfrentan quedaron evidenciados recientemente con el brutal asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, quien fue decapitado en un hecho que conmocionó al país. Este acto no solo refleja la extrema violencia con la que operan estos grupos, también el estado de indefensión en que se encuentran muchos servidores públicos, especialmente en regiones controladas por el crimen organizado.

Dos aspectos clave destacan en el análisis de este tipo de operativos: primero, su capacidad para contener el grave problema del control territorial ejercido por el crimen organizado en todo el país; y segundo, su potencial para fortalecer a las autoridades locales, que frecuentemente carecen de recursos suficientes para hacer frente a estas amenazas.

En cuanto al control territorial, diversos estudios revelan la alarmante extensión del crimen organizado en México. Según un análisis de AC Consultores, el 81% del territorio nacional está bajo la influencia de grupos criminales. Entre ellos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sobresale como el más dominante, con operaciones en 28 estados, seguido por el Cártel de Sinaloa, que tiene presencia en 24 entidades. Este panorama evidencia la magnitud del desafío y plantea la interrogante de si los operativos recientes, aunque importantes, serán suficientes para revertir esta situación y recuperar el control del territorio por parte del Estado.

El segundo aspecto relevante es la urgente necesidad de fortalecer a las autoridades locales, que a menudo son superadas en capacidad y recursos por los grupos criminales. La infiltración del crimen organizado en los municipios no solo refleja la fuerza de estos grupos, sino también la debilidad estructural de las instituciones locales. Los gobiernos municipales enfrentan una falta crónica de recursos humanos, económicos y tecnológicos para garantizar la seguridad en sus comunidades. Esta vulnerabilidad no solo facilita la cooptación de autoridades locales, sino que también perpetúa la impunidad y el dominio del crimen organizado.

Estos operativos deben ir acompañados de una estrategia integral que no solo desarticule redes criminales, sino que también fortalezca las capacidades de los municipios para prevenir y combatir la infiltración delictiva. Esto incluye una mayor inversión en cuerpos policiales municipales, capacitación especializada, equipamiento adecuado y mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas. Sin estas medidas complementarias, cualquier esfuerzo en materia de seguridad corre el riesgo de ser temporal y de alcance limitado.

Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC