Por Guadalupe Romero
El programa de ingresos y egresos de la administración federal para 2021 “es prudente fiscalmente pero es más de lo mismo, basado en los programas y proyectos prioritarios para el Gobierno, diseñados antes de la realidad actual de una fuerte recesión y aún bajo el asedio de la pandemia” Covid-19, afirma el CEESP.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), acusa que “la apuesta del gobierno se concentra en la esperanza de que el ‘rebote’ de la actividad después del confinamiento signifique una franca y rápida recuperación y en la reactivación del sector energético como motor del crecimiento”.
Y las acciones que se presentan como apoyos de la inversión y el empleo son principalmente los proyectos de inversión emblemáticos que no cuentan con evaluaciones de costo beneficio que prueben su rentabilidad social, como lo establece la Ley, insisten los analistas del CCE.
A lo anterior se suma que “lo único que se reporta específicamente son los programas de créditos a la palabra que están lejos de cumplir con su objetivo inicial. Las cifras más recientes indican que el Gobierno federal ha otorgado 920 mil 779 créditos por 25 mil pesos cada uno, lo que representa la erogación de 23 mil 19 millones de pesos, datos muy lejos del objetivo de 3 millones de créditos que se anunciaron en abril pasado”.
Los analistas argumentan que las propuestas del sector privado en inversión para infraestructura y aprovechamiento de las oportunidades del T.MEC pueden actuar a favor de la recuperación.
El CEESP alerta que los “ingresos públicos pueden ser menores a los proyectados, debido a menor recaudación tributaria, menor plataforma de producción de Petróleo o menores precios del mismo. Todo ello implica la posibilidad de presiones sobre los balances fiscales en el ejercicio”.
Sin olvidar, el riesgo de prolongación del desempleo y lentitud de la recuperación del mercado laboral, lo que puede incidir a su vez en la recuperación del consumo, especialmente en los niveles más bajos de ingresos. Y materia de inversión, “existe el riesgo de que la desconfianza continúe y las señales del gobierno no se corrijan en la dirección correcta”.
Para el mediano plazo resaltan las siguientes consideraciones: Que la recuperación del nivel del PIB a su nivel de 2018 se logre hasta 2025, lo que significaría una caída sustancial del ingreso per cápita en el sexenio. Ligado a lo anterior, que la precariedad del empleo perdure durante los próximos cinco años, al igual que la agudización niveles de pobreza.
Además, del riesgo de que los programas sociales no generen una salida de la pobreza para muchos beneficiados, sino que representen solamente un paliativo. Y la posibilidad de que los relativamente cuantiosos recursos destinados a los proyectos de inversión emblemáticos de la administración generen más costos que beneficios para la sociedad en su conjunto, lo que significaría un desperdicio de recursos escasos, señalan los especialistas del sector privado.