Reducción de la violencia: entre la honestidad y la duda

Columnas martes 23 de junio de 2026 -

Uno de los principales recursos que ha utilizado el gobierno federal para sostener la narrativa de un país menos violento ha sido la presentación periódica de cifras. La presidenta Claudia Sheinbaum informó en días recientes que entre septiembre de 2024 y mayo de 2026 el número de homicidios dolosos disminuyó 46 %. Según la mandataria, estos resultados se deben a la estrategia y la honestidad.

Sin embargo, más allá de la cifra en sí misma, la estrategia de comunicación continúa generando dudas y alimentando la incredulidad. Existen varios elementos que llaman la atención. El primero es la elección del periodo de comparación: septiembre de 2024 corresponde al último mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y mayo de 2026 a la administración de Claudia Sheinbaum.

La selección de determinados puntos de partida y de llegada para construir indicadores más llamativos es una práctica frecuente en la comunicación política. No necesariamente implica una manipulación de los datos, pero sí refleja una decisión metodológica que busca producir un mayor impacto en la opinión pública.

Un segundo aspecto tiene que ver con la confiabilidad de la información. Las cifras de homicidios dolosos dependen, en gran medida, de los registros que elaboran y reportan las fiscalías estatales. Por ello, aceptar la reducción de la violencia supone también asumir que las instituciones encargadas de producir la información cuentan con criterios homogéneos y que los datos reportados son completos y precisos. La credibilidad de las estadísticas de seguridad no depende únicamente de la honestidad declarada por el gobierno federal, sino también de la capacidad institucional para generar información verificable y consistente.

La presidenta también señaló que parte de la disminución de los homicidios se explica por una estrategia de proximidad social. Según explicó, el gobierno ha desarrollado un trabajo territorial que consiste en identificar, casa por casa, a jóvenes que no estudian ni trabajan y que viven en zonas con altos índices de violencia, con el propósito de incorporarlos a la escuela o al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno federal informó haber realizado más de 441 mil visitas domiciliarias, organizado 678 Ferias de Paz y desarrollado milesde actividades comunitarias.

Sin duda, esta información resulta valiosa. No obstante, adquiere mayor relevancia cuando está acompañada de análisis rigurosos y mecanismos de evaluación que permitan conocer el verdadero impacto de las intervenciones. Pensar que la sola realización de visitas domiciliarias es suficiente para modificar las trayectorias de vida de los jóvenes o reducir su probabilidad de involucrarse en actividades delictivas es, cuando menos, una hipótesis que requiere evidencia empírica.

Precisamente, las evaluaciones realizadas por el CONEVAL sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro fueron particularmente críticas. El organismo señaló que se trata de una iniciativa de gran alcance, pero que opera sin metas claras de capacitación y carece de mecanismos para verificar que los beneficiarios realmente adquieran nuevas habilidades. Asimismo, destacó la ausencia de indicadores precisos que permitan determinar si el programa incrementa la empleabilidad de los jóvenes o contribuye a reducir el desempleo en el largo plazo.

El CONEVAL también advirtió que la supervisión del programa se limita, fundamentalmente, a verificar la asistencia física de los participantes, sin evaluar si los centros de trabajo proporcionan procesos de capacitación adecuados.

La discusión, por tanto, trasciende la simple presentación de estadísticas. La presidenta Sheinbaum ofrece, desde la conferencia mañanera, la visión que su movimiento político tiene sobre el estado de la seguridad en el país. Sin embargo, cuando las cifras y las explicaciones no se encuentran respaldadas por procesos de evaluación independientes y por información susceptible de ser sometida al escrutinio público, resulta difícil determinar hasta qué punto los resultados y los métodos empleados son plenamente creíbles.

Incluso podría argumentarse que las más de 56 mil detenciones reportadas durante el actual gobierno constituyen una variable que merece un análisis mucho más detallado. Es posible que en ellas se encuentren algunas de las claves que expliquen la disminución de los homicidios dolosos, quizá incluso en mayor medida que las estrategias de intervención comunitaria dirigidas a los jóvenes, pero centrar la explicación en esa cifra sería contradecir la narrativa de atender las causas de la violencia y aceptar que también se utiliza la estrategia de mano dura.

La reducción de la violencia es, sin duda, una aspiración legítima y una buena noticia para el país. Pero entre la honestidad proclamada por el gobierno y las dudas generadas por la estrategia, existe un espacio que solo puede llenarse mediante información verificable, evaluaciones independientes y una disposición permanente al escrutinio público. En materia de seguridad, la confianza no se construye únicamente con cifras; se construye, sobre todo, con evidencia.

Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana A. C. @ivarrcor @integridad_AC