Reformar la reforma judicial, por favor

Columnas jueves 23 de abril de 2026 -

Hace unos días, altos y altas directivas parlamentarias de Morena presentaron una interesante y bien pensada iniciativa de reforma constitucional para salvar de sí misma a la reforma judicial de 2024. Las y los iniciantes son los Diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez Tiburcio y Olga Sánchez Cordero, y el senador Javier Corral Jurado.

La exposición de motivos afirma, con tino, que la elección judicial del año pasado, que renovó cerca de la mitad de los cargos federales, reveló áreas de oportunidad críticas, como la saturación de los Comités de Evaluación (que recibieron más de 30,000 solicitudes en total) y la necesidad de mecanismos técnicos más robustos, como los de Coahuila y Zacatecas.

El texto propone evitar la simultaneidad de elecciones judiciales con procesos electorales políticos; garantizar la calidad técnica mediante una certificación obligatoria de la Escuela Nacional de Formación Judicial (ENFJ); despolitizar el proceso, otorgando mayor peso al INE y eliminando requisitos subjetivos (los odiosos promedios mínimos); y armonizar el modelo federal con los locales.

Destacan varios puntos centrales. Postergar la siguiente jornada de votación judicial hasta junio de 2028 y garantizar una organización técnica más robusta; que el INE publique la convocatoria de arranque y no el Senado; transformar el proceso de selección eliminando los tres comités de evaluación para crear un Comité Único. Igualmente, se aumentan los años de práctica profesional (10 años para ministros y 7 para magistrados/jueces, con un mínimo dentro del Poder Judicial).

Igualmente, corregir las penosas contradicciones sobre la rotación/elección de la presidencia de la Suprema Corte y establecer mecanismos más estrictos de profesionalización para las magistraturas y juzgados. Además, en una innovación de entidad superlativa, propone que, a partir de la reforma, se podría dar paso a la creación de un Observatorio Ciudadano como un espacio de participación social que permita a la ciudadanía dar seguimiento, evaluar y emitir valoraciones sobre el desempeño de las personas juzgadoras, bajo criterios de objetividad, transparencia y rendición de cuentas.

Dice que la ENFJ tendrá 60 días para emitir los lineamientos de certificación y que, para la elección de 2028, la certificación se basará primordialmente en el examen de conocimientos. Además, que quienes no fueron sometidos a la elección de 2025 permanecerán en su cargo hasta 2028.

Actualiza el proceso para suplir vacantes, permitiendo al Senado elegir mediante votación calificada en casos de candidaturas únicas o imposibilidad de prelación. Se establece que las presidencias del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina Judicial se renueven cada dos años por elección interna, sin posibilidad de reelección inmediata, y se replica el esquema de certificación técnica obligatoria para el nivel estatal. Finalmente, que quienes no fueron sometidos y sometidas a la elección de 2025 permanecerán en su cargo hasta 2028.

Ahora falta que las y los iniciantes sean escuchados, por el bien del país.

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