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La tecnología no reemplaza a la confianza
Columnas
Antes que modernizar un examen, la Universidad Nacional Autónoma de México debe garantizar que cada aspirante compita en igualdad de condiciones. Ese es el principio que ha dado prestigio a la institución durante décadas y el que hoy se encuentra bajo cuestionamiento tras el primer proceso de admisión completamente en línea para licenciatura.
La decisión de migrar el examen al formato remoto tuvo argumentos sólidos. La UNAM buscó ampliar la cobertura geográfica, facilitar la participación de aspirantes de todo el país y del extranjero, disminuir los gastos de traslado, hospedaje y alimentación para miles de jóvenes, además de reducir el uso de papel y la logística que implicaban decenas de sedes de aplicación. También esperaba fortalecer la trazabilidad del proceso mediante herramientas tecnológicas.
Incluso, el cambio representó un ahorro para la institución. Mientras que en 2025 los exámenes presenciales tuvieron un costo cercano a 49.2 millones de pesos, este año la UNAM destinó 41 millones 868 mil 156 pesos para aplicar la prueba en línea a 158 mil 413 aspirantes, es decir, un ahorro de 7 millones 362 mil pesos. De ese monto, más de 40.7 millones correspondieron al contrato con Territorium Life para desarrollar la plataforma tecnológica y el sistema de supervisión remota.
Los números, sin embargo, cuentan sólo una parte de la historia.
La plataforma utilizó reconocimiento facial, bloqueo de ventanas, monitoreo con inteligencia artificial y supervisión humana para detectar irregularidades. Incluso, la UNAM informó que durante las primeras jornadas bloqueó a mil 117 aspirantes por intentos de hacer trampa. Aun así, antes del examen ya circulaban en redes sociales tutoriales que explicaban cómo burlar el sistema mediante cámaras de 360 grados, audífonos ocultos, segundos monitores y herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT.
Las denuncias posteriores, el incremento inusual en los puntajes de algunas carreras y la inconformidad de aspirantes que hoy exigen la reposición del examen evidencian que el verdadero costo de este proceso no puede medirse únicamente en pesos.
Ahorrar poco más de siete millones de pesos parece positivo desde una perspectiva administrativa. Sin embargo, si ese ahorro deriva en protestas, impugnaciones y una crisis de credibilidad para el principal proceso de selección de la universidad más importante del país, entonces el balance cambia por completo.
Los exámenes presenciales implican mayores gastos: impresión de materiales, renta de sedes, traslado de personal y una operación que el año pasado movilizó a tres mil 732 trabajadores en 32 sedes. Este año bastaron 74 personas y una plataforma digital. Pero el objetivo de un examen de admisión nunca ha sido minimizar costos, sino garantizar que el resultado refleje exclusivamente el mérito académico.
La tecnología debe ser una aliada, no el fundamento único de un proceso donde está en juego el futuro de miles de jóvenes. Ningún sistema es infalible, pero la supervisión presencial continúa ofreciendo condiciones de equidad que hoy siguen siendo difíciles de sustituir por completo.
La UNAM hizo una apuesta por la innovación y es válido reconocer sus beneficios logísticos y económicos. Sin embargo, cuando el ahorro representa apenas una fracción del valor institucional que puede perderse con una crisis de confianza, la conclusión resulta evidente: la credibilidad vale mucho más que siete millones de pesos. Si para preservarla es necesario regresar al examen presencial, esa inversión no debe verse como un gasto, sino como el precio de proteger el prestigio de la máxima casa de estudios del país.
¿Y tú, prefieres el examen “a la antigüita”? Me interesa tu opinión, escribeme en redes sociales, aparezco como @federicoreyestv
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/CR
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