Sin duda, hay que celebrar la aprobación, el martes pasado por la noche, de la nueva Ley Federal de Revocación de Mandato en la Cámara de Diputados. Se logró una altísima votación, conformada por todos los grupos parlamentarios. Es una norma necesaria para reglamentar el mandato constitucional de diciembre de 2019. Por fin tendremos claridad sobre diversas temáticas que la constitución no desarrolló y que los lineamientos del INE de agosto pasado, por razones obvias, no alcanzaron a prever, pero que ahora seguramente lo harán.
Es una norma legal que por fin puso en blanco y negro los procedimientos indispensables para permitirle al Instituto cumplir de mejor manera su papel moderno de órgano garante, defensor y promotor del derecho político electoral fundamental ciudadano de participar en este mecanismo de democracia directa.
Empero, hay cosas y temas que no entraron en la versión final del dictamen y que hay que comentar, pues algunas, creo, merecían mayor estudio y revisión. Por ejemplo, la diputada Ochoa Mejía, de Movimiento Ciudadano, propuso una reforma de los artículos 4 y 27 para evitar que la ley “dejara fuera a la autoridad administrativa electoral de la declaración de los resultados”. Es indebido, dijo, que dicha función la lleve a cabo el Tribunal Electoral, siendo que sus facultades y competencias son totalmente distintas.
En otra, la diputada panista Paulina Rubio propuso reforma al artículo 19, el que contiene la pregunta, para simplificarla, de tal forma que la respuesta sea solamente sí o no. La redacción del Senado es equivocada, dijo, y genera confusión por ambigüedad, pues en realidad son dos consultas: la primera, sobre la pérdida de confianza al presidente, y la segunda, innecesaria desde su punto de vista, sobre su continuidad hacia el término del mandato.
En otras intervenciones en tribuna se alegaron dos temas adicionales muy relevantes. En primer lugar, la intervención de los partidos tanto en la promoción de la revocación como en la vigilancia y presencia en las casillas, alegando que desnaturalizan el procedimiento. En segundo, legisladores del PAN, PRI y PRD propusieron contemplar en transitorios una necesaria previsión presupuestal expresa a favor del INE para una mejor programación, preparación y desarrollo del ejercicio entero. El diputado panista Guillermo Huerta Ling, inclusive propuso un innovador mecanismo para que, en caso de no realizarse la revocación, ese monto precautorio se pudiera redirigir al fondo de apoyo a Estados y Municipios.
Hay que dejarlo claro: todas y cada una de las reservas presentadas fueron desechadas por la asamblea (las de la oposición) o retiradas por quienes las propusieron (las de la coalición mayoritaria), por lo que estas reformas no fueron incluidas. Tengámoslas presentes para una eventual reforma legal, cuando las aguas retornen a su cauce. Por ahora, felicidades al Congreso.
@ElConsultor2