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Soberanía y verdad
Columnas
La captura del capo de las drogas Ismael "El Mayo" Zambada es una prueba de la relación entre México y los Estados Unidos. Las interrogantes sobre el traslado del líder criminal al país vecino abren un debate entre la confianza de ambos gobiernos que, desde hace décadas, construyen una agenda común de seguridad.
Desde la Iniciativa Mérida, en 2008, hasta el Entendimiento Bicentenario, firmado en 2021, ambos países han compartido inteligencia, capacitación y operaciones contra organizaciones criminales. Esa cooperación ha permitido importantes resultados, aunque también ha registrado episodios de fricción como el operativo Rápido y Furioso, la detención del general Salvador Cienfuegos en los Estados Unidos y las diferencias derivadas del asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena.
Por este motivo, es relevante la postura asumida por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, que exige información precisa sobre la participación de agencias estadounidenses en la captura de Zambada y Joaquín Guzmán López. Se trata de tener certeza sobre la investigación y actuación judicial bajo los principios del derecho internacional y con respeto absoluto a la soberanía mexicana.
La reconstrucción cronológica presentada en la víspera por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la solicitud formal de información promovida por la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante la Fiscalía General de la República (FGR) colocan la discusión en el terreno institucional, no en el político.
Si existiera participación de autoridades extranjeras sin conocimiento del Estado mexicano, correspondería determinar responsabilidades conforme a la Constitución mexicana, la Ley de Seguridad Nacional y los compromisos internacionales asumidos por ambos países.
Este contexto obliga a dimensionar el reto. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) identifica a México como un actor estratégico en la lucha contra las redes criminales transnacionales, mientras la expansión de los mercados ilícitos exige una coordinación internacional más sólida y transparente.
Al mismo tiempo, la administración federal mantiene una ofensiva permanente contra las estructuras criminales. Bajo la coordinación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fuerzas federales han incrementado el aseguramiento de laboratorios clandestinos de metanfetaminas, toneladas de precursores químicos y cargamentos de fentanilo, además de detener a objetivos prioritarios en diversas entidades.
Estos resultados reflejan una política de seguridad con mayor capacidad operativa, pero también evidencian que ningún país puede enfrentar por sí solo organizaciones cuyo poder financiero supera, en muchos casos, el presupuesto anual de gobiernos locales.
En este contexto, la Convención de Palermo establece que la cooperación internacional debe sustentarse en el respeto a la soberanía de los Estados. Esta disposición cobra vigencia cuando aparecen dudas razonables sobre operaciones de alto impacto, como el caso de “El Mayo" Zambada y el proceso judicial que enfrenta –ahora– en el país de las barras y las estrellas.
La relación con los Estados Unidos requiere información completa, canales diplomáticos eficaces y reglas claras, como en los casos del pasado reciente de la “Iniciativa Mérida”, el “Entendimiento Bicentenario”, el operativo “Rápido y Furioso”, la detención del general Salvador Cienfuegos o, el asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena.
*Periodista | @JoseVictor_Rdz
Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
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