Los jaloneos por Chihuahua
Morena encontró en el caso Chihuahua el motivo perfecto para tratar de zafarse los casos de corrupción que Estados Unidos denunció en Sinaloa, los cuales incluyen a quien fuera el gobernador Rubén Rocha Moya. Ahora la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, encabezó una marcha en la capital de la entidad, donde dicen que reunieron a 20 mil personas e iniciaron una campaña para recaudar firmas que les permitan promover el desafuero de la gobernadora Maru Campos. No hay que olvidar, que esto también es una estrategia electoral, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina y las mediciones de Morena no les dan buenos augurios, por lo que están buscando la forma de posicionarse en los próximos meses, así es que hay que tomar las cosas con cierto tiento.
Los riesgos de entregarse a EU
La entrega de dos ex funcionarios del gobierno de Sinaloa a las autoridades de Estados Unidos, el general en retiro, Gerardo Mérida y el ex secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico dentro del caso Rocha Moya, mete en aprietos a la administración federal que hoy tendrá que fijar postura. Ambos negociaron con los estadounidenses la entrega y tendrán mucho que platicar sobre los nexos de los gobiernos con el crimen organizado. Mientras tanto, el senador Enrique Inzunza mandó un mensaje a través de sus redes sociales de que sigue en México y que se va a defender él solo. Será una semana intensa en la que se mantendrá el desgaste mediático y político para Morena.
Los riesgos de la “Cosa Juzgada”
Más que interesante, resulta preocupante el debate que se está dando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la “cosa juzgada”. Por un lado, la ministra Yasmín Esquivel sostiene que las resoluciones que se dictaron están firmes y no pueden modificarse. Por el otro, la ministra Lenia Batres Guadarrama, asegura que no debe dársele carácter absoluto si se detecta un fraude procesal. En caso de que la postura de Batres se mantenga, existe un gran riesgo porque existe la tentación de revertir sentencias con una intencionalidad política para beneficiar o perjudicar a los amigos o enemigos del sistema. Por ello, no hay que quitarle el ojo a este asunto en el máximo tribunal del país.